Funcionarios de prisiones denuncian que, solo en los dos últimos años, se han producido hasta 1.000 agresiones en las cárceles de España. Son, detallan, "una cada 16 horas". La última, el 8 de julio contra una psicóloga en el centro penitenciario Sevilla II.
En ese caso, recuerdan fuentes de prisiones, la terapeuta estaba junto a un preso en medio de una entrevista personal cuando éste la agredió física y sexualmente. El interno, recuerdan los sindicatos como Acaip, contaba con numerosos antecedentes de violencia sexual.
Sin embargo, señalan, el preso estaba en lo que se conoce como un "módulo de respeto", donde las limitaciones para los internos son más laxas por el, se presupone, mejor comportamiento de quienes cumplen su pena allí.
Por esa agresión -y las demás-, los funcionarios de prisiones -a través de los sindicatos CSIF, UGT y Acaip- han convocado este martes una concentración a las puertas de los centros penitenciarios para protestar por una situación que tachan de "grave".
Porque, insisten, la agresión sexual a una compañera "no se trata de un incidente aislado: en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios, por lo que urge tomar medidas", explican.
"Respuestas"
Por eso, "ante esta escalada de conflictividad los sindicatos convocantes exigen una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración".
Eso pasa, explican por una "revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de los empleados públicos penitenciarios".
"Estos hechos -siguen- reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior 'buenista'", señalan. Esto es así porque el Gobierno "busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa".
Para Acaip, UGT y CSIF, tolerar esto es "normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro".