Vuelve el choque total entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que el Gobierno planteará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid tras constatar que no ha elaborado el preceptivo registro de médicos objetores de conciencia que exige la Ley del Aborto.
Y mientras tanto, el Gobierno de Ayuso denuncia la negligencia del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, por los constantes fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras contra los maltratadores.
La ministra Mónica García ha elegido un acto de su partido, la jornada Dos años gobernando celebrada este sábado por Más Madrid, para anunciar su ofensiva judicial contra Ayuso, a la que ha acusado de estar en "rebeldía" contra "la ley, la democracia y las mujeres".
"La señora Ayuso, al más puro estilo 'trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho al aborto", ha señalado la ministra de Sanidad.
"En una mezcla que ya conocemos de la señora Ayuso de soberbia, no solamente está desoyendo al Tribunal Constitucional, sino que está yendo contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023, pero lo más grave, está yendo contra el derecho de las mujeres", ha abundado.
La Comunidad de Madrid será la única región que no está inscrita en este registro de médicos objetores al aborto, después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo, informa Europa Press.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, explicó el viernes que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.
"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la máxima responsable de la Sanidad madrileña.
En medio de esta polémica, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pedido a los ayuntamientos que le informen de todas las incidencias detectadas en el funcionamiento de las pulseras contra los maltratadores.
La Consejería de Familia remitió esta semana una carta, firmada por la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella solicitaba, "con carácter urgente", identificar a cada usuaria, describir los fallos y fechar las incidencias registradas en los dos últimos años.
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad ha advertido de que facilitar "información sensible" por canales no autorizados "pone en riesgo a las víctimas, invade su intimidad y puede generar malestar o revictimización".
El sistema de seguimiento telemático que controla el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género y violencia sexual registró el martes una nueva incidencia.
Durante más de 12 horas, algunos dispositivos han dejado de funcionar, lo que ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar de inmediato el protocolo de protección para las víctimas que utilizan este dispositivo.
Así lo reconoció el Ministerio de Igualdad, que activó "de inmediato" el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos.
Como ha desvelado EL ESPAÑOL, la Comisión Europea evaluará el nuevo sistema de pulseras telemáticas implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a las víctimas de violencia de género, en cuyo funcionamiento se han detectado múltiples fallos.
En caso de detectar alguna irregularidad en la adjudicación del contrato, el Ejecutivo comunitario podría congelar una parte de las ayudas europeas, según ha informado el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.