El PP ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que modifique de forma "urgente" la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), una de las principales novedades de la Ley de Eficiencia Judicial impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
En concreto, se trata de un procedimiento de mediación obligatorio a la hora de que las demandas interpuestas por un ciudadano sean admitidas a trámite, una de las grandes novedades con las que la Ley Bolaños pretendía agilizar y descongestionar los juzgados.
En una nota de prensa difundida este domingo, el PP denuncia que la norma, en vigor desde enero, está teniendo el efecto contrario al que se pretendía, ya que ha provocado "retrasos", "inseguridad jurídica" y un "bloqueo de la Justicia".
Los populares piden que se revise la obligación de que los demandantes deban acudir a dichos Medios Alternativos de Solución de Controversias para que las demandas sean admitidas y los procesos judiciales prosperen.
Estos medios, conocidos como MASC, son personas o entidades (notarios, registradores, letrados de la Administración u órganos de mediación en asuntos civiles o mercantiles, entre otros) que participan en un proceso de mediación previa a los juicios.
Sobre el papel, el objetivo de la medida es fomentar los acuerdos extrajudiciales, a fin de resolver los pleitos sin pasar por el juzgado y así, descongestionar y agilizar la Justicia.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El trámite, eso sí, implica una serie de costes que dependen del caso y, por ende, tienen un efecto disuasorio para las personas que opten por abstenerse de demandar.
Pero el PP denuncia que la falta de criterios unificados para todos los órganos judiciales provoca "retrasos, inseguridad jurídica y atenta contra los derechos de los ciudadanos".
Para los populares, el establecimiento de los MASC como requisito obligatorio a la hora de interponer una demanda está generando "retrasos" y atenta contra los derechos de los ciudadanos, algo que iría en contra de la supuesta finalidad de la reforma legislativa abanderada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
"Desastre legislativo"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, califica la Ley de Eficiencia Judicial como un "desastre legislativo" del Gobierno, que se une a "otros ya famosos como el de la Ley del solo sí es sí".
Gamarra ha reiterado la necesidad de "eliminar obstáculos" y "reforzar medios para mejorar la Justicia" ante un Gobierno "que no dota al sistema de los recursos humanos ni de los presupuestos necesarios".
En dicha nota de prensa, Gamarra hace alusión a los juzgados para la violencia contra la mujer, en los que cientos de profesionales están denunciando un colapso por la "falta de medios".
Entre las principales medidas que propone el PP para su debate en el Congreso, está la unificación de criterios para la aplicación de dichos MASC.
El PP esgrime que, ante la falta de un protocolo común, se está produciendo una aplicación desigual en función del territorio, por lo que piden una homogeneización para todos los órganos judiciales y comunidades autónomas.
El PP considera "imprescindible" que estos Medios Alternativos de Solución de Conflictos dejen de ser un "elemento de bloqueo", además de avanzar en un nuevo modelo que unifique los criterios y protocolos de los operadores jurídicos "en todo el territorio nacional".
En este sentido, el PP aboga por el desarrollo de programas de formación para los operadores jurídicos y campañas de información ciudadana para que se dé a conocer el funcionamiento y las ventajas de estos medios alternativos.
Además, los populares piden que se establezcan unos "mecanismos de seguimiento y evaluación", para poder medir el "impacto real" de los MASC en la reducción de los litigios y la deseada mejora en la eficiencia del sistema judicial.