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El Ministerio del Interior ha concedido este año 651 condecoraciones al mérito policial a personas que no pertenecen a la Policía Nacional, una cifra "récord" que deja sin reconocimiento a numerosos agentes que han realizado actuaciones excepcionales en la protección de ciudadanos y la lucha contra el crimen.

Las órdenes ministeriales, firmadas por el ministro Fernando Grande-Marlaska el pasado 19 de septiembre con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, contemplan la entrega de siete Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo y 644 con distintivo blanco a personas externas al Cuerpo.

En total, Interior ha entregado este año 4.158 galardones, de los cuales un 15,8% han ido a parar a perfiles ajenos a la actividad policial.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado esta situación. La CEP considera que estas cifras representan "un atraco a las expectativas de cientos de profesionales de la seguridad pública" y subraya que solo en los últimos cinco años casi 3.000 policías han quedado sin reconocimiento debido a la asignación de distinciones a colectivos externos.

"Esta estrategia bochornosa y ofensiva perpetúa una sangría de condecoraciones que deteriora el prestigio de la Orden al Mérito Policial. Hay 3.000 agentes sin su reconocimiento", afirma el sindicato.

Entre los galardonados externos se encuentran una amplia variedad de perfiles: el jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional; el propietario de una bodega riojana; un exsubdelegado del Gobierno en Cádiz; empresarios de hostelería; el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra; los embajadores de España en Libia, Senegal y Brasil o el gerente de un hospital.

 También la coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid; una vocal asesora del Gabinete del ministro del Interior; la Federación de Fútbol de la Región de Murcia; el presidente de Cruz Roja en Cataluña; un alto cargo de un banco; varios abogados; cardiólogos; un piloto de rallys; un piragüista; la jueza que investigó a seis policías nacionales por el caso de la ‘patada en la puerta’ en un piso de Madrid durante la pandemia; el jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón; una directora de área de la Secretaría General del Senado; y hasta un mozo de espadas.

Reforma

La CEP reclama una reforma urgente de la Ley de Condecoraciones, vigente desde hace 61 años y con origen preconstitucional. Sin embargo,"a Grande-Marlaska no le debe parecer importante impulsar una iniciativa que devuelva a los policías la confianza en que no habrá ni una sola intervención meritoria que se quede sin su justo reconocimiento profesional", señalan desde la organización.

El sindicato recuerda que el ministro del Interior anunció en enero de 2024 que la reforma de la normativa era una prioridad, y que en junio el entonces secretario de Estado de Seguridad confirmó la existencia de un borrador de la ley. Posteriormente, en octubre, el director general de la Policía indicó que el documento se iba a negociar con los sindicatos.

Según la CEP, "las palabras de unos y otros se las ha llevado el viento", y acusa al ministerio de mantener un sistema que "la mayoría aplastante de los policías no reconoce como justo".

Tanto el Congreso como el Senado han respaldado iniciativas a favor de la revisión del sistema de condecoraciones. En febrero de 2024, la Comisión de Interior del Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a reformar la normativa, y en diciembre, el Senado respaldó una moción con el mismo objetivo.

Además de la polémica por las condecoraciones a externos, este año se ha reabierto el debate sobre la entrega de diez Medallas de Plata, la máxima distinción que puede recibir un agente en vida y que conlleva una pensión vitalicia del 15% del sueldo. Entre los beneficiarios se encuentran ocho comisarios principales jubilados y el ex número dos de la Dirección Adjunta Operativa.

La CEP subraya que estas concesiones generan "un amplio rechazo entre las Escalas de mando" al favorecer a unos pocos mientras la mayoría de los policías se retiran a los 65 años perdiendo ingresos mensuales significativos.