El Ministerio de Igualdad no precisa cuántas causas judiciales fueron archivadas —temporal o definitivamente— por los errores que sufrieron las pulseras y brazaletes de control de hombres investigados por violencia de género.
Ahora bien, fuentes de este departamento trasladan a EL ESPAÑOL que "nunca han sido muchísimos casos".
El Gobierno, por tanto, contradice así a la Fiscalía, en cuya última Memoria anual se alerta de que los errores en estos brazaletes GPS "han provocado una gran cantidad de sobreseimientos o fallos absolutorios".
Este jueves, la Fiscalía sí precisó que esta problemática sólo duró unos cuantos meses de 2024. Y que sólo afectó a las causas judiciales seguidas por supuestos delitos de quebrantamiento (el incumplimiento de una orden de alejamiento tras una condena o mientras dura una investigación).
Sin embargo, según informan este viernes Abc o El Confidencial, los problemas de las pulseras se alargaron durante ocho meses.
Ambos hacen referencia al centro de control Cometa, el organismo que las gestiona y es el encargado de alertar a los juzgados cuando un maltratador o un agresor sexual incumple una orden de alejamiento.
"Este centro de control, dada la imposible localización del dispositivo portado por el usuario del servicio y en consecuencia de su persona, no puede desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de la víctima", advirtió la asesoría jurídica de Cometa a un juzgado en un informe de febrero de 2024, según recoge El Confidencial. Esos informes vienen a demostrar que los problemas con los dispositivos fueron recurrentes.
Abc habla con uno de los trabajadores de Cometa que indica que "durante ese tiempo le reiteramos a Igualdad el problema que teníamos entre manos, pero no recibimos respuesta de su parte. Con nosotros, que somos el equipo encargado de dar la voz de alarma si una mujer está en peligro, no hicieron nada", sentencia.
Estos errores, según el Ministerio Público, jamás incidieron en los procedimientos por violencia de género de los que se derivan los anteriores.
Sin embargo, la Fiscalía tampoco es capaz de contabilizar cuántos sobreseimientos se produjeron a raíz de esta problemática. Ni cuántas causas fueron, después, reabiertas, una vez se solucionaron estos errores.
Por un lado, en la Memoria de la Fiscalía de 2025, relativa a la situación de todo 2024, se alerta de "una gran cantidad" de casos archivados y de sentencias absolutorias.
Igualdad niega tal magnitud. En línea con las mencionadas fuentes, la ministra Ana Redondo, en una entrevista en TVE, cifró ayer "en menos del 1%" este problema, sin precisar cuántos casos supone este porcentaje. Pero ninguna institución aporta un número concreto.
"Sí que me gustaría conocer lo que la Fiscalía entiende como 'muchos casos', hablaremos con ellos, porque no se puede hablar de 'muchos casos'...", dijo la ministra.
"A nosotros no nos consta, nosotros barajamos un número muy, muy pequeño de casos, que no llega al 1%", añadió, sin explicar cómo habían obtenido esa cifra.
La Memoria de la Fiscalía señala que, mientras duró este problema, los datos previos al 20 de marzo de 2024 se perdieron. Y, con ello, "un elemento probatorio en ocasiones imprescindible".
Este jueves, a través de un comunicado, el Ministerio Público subrayó que se trató de "problemas puntuales" ya solucionados y que las pulseras GPS "funcionaron en todo momento". "Los sobreseimientos [archivos] provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos", señalaba el escrito.
¿A qué se deben estos problemas? La causa no es otra que el cambio en las empresas que prestan el servicio de gestión de los dispositivos de control.
Suspenso al plan
Tal y como ya publicó EL ESPAÑOL en exclusiva en 2023, Igualdad calificó con un suspenso (con una nota de 3,6 sobre 10) el plan para efectuar esta transición. Y avanzaba que podría generar problemas.
Tanto la Fiscalía como fuentes del Ministerio de Igualdad, en respuesta a EL ESPAÑOL, coinciden en asegurar que en 2025 no se ha producido ningún problema como los antes relatados.
Este jueves, en el Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los fallos en las pulseras antimaltrato.
El dirigente afeó al Ejecutivo que "desproteja a las mujeres". Además de esta problemática Feijóo mencionó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del solo sí es sí.
Esta norma, que entró en vigor en 2022, cuando Irene Montero era la ministra de Igualdad, acabó provocando la rebaja de penas en favor de unos 1.400 agresores sexuales, abusadores y pederastas. También, más de 120 excarcelaciones precoces.
En términos similares a los de Feijóo se expresó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que indicó este jueves que el PP ya avisó de que la Ley del sólo sí es sí traería rebajas de condenas. "Nadie ha asumido responsabilidades", reprochó en su perfil de Twitter.
"Una nueva negligencia del Gobierno vuelve a poner vidas en riesgo. Exigimos dimisiones inmediatas", solicitó Muñoz en la misma red social.