La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha concluido que la adjudicación de la obra de remodelación del túnel de Belate, concedida a la empresa de un socio de Santos Cerdán, debió ser anulada debido a sus irregularidades.
Así consta en un informe, fechado el pasado 12 de septiembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El documento ya ha sido enviado a la comisión de investigación parlamentaria que aborda este asunto.
La licitación, por un valor de más de 70 millones de euros, acabó siendo encargada en 2023 a la UTE (unión temporal de empresas) en la que participaban Servinabar 2000 SL y Acciona.
La primera es la pequeña compañía propiedad de Joseba Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE actualmente en prisión por liderar, supuestamente, una trama de corrupción.
La Guardia Civil, en el marco de la investigación contra el político, descubrió un contrato, firmado a mano por éste en cada una de sus seis hojas, por el cual adquiría el 45% de las acciones de Servinabar.
Primera página del contrato de compraventa de participaciones de Servinabar.
Ahora bien, ante el juez, Antxón Alonso declaró que dicho acuerdo nunca entró en vigor, pese a que éste lo conservó en su casa durante casi 10 años. Según declaró, en sintonía con la versión de Cerdán, el documento no fue elevado al Registro Mercantil.
Pero Alonso lo conservaba en su casa. Allí fue encontrado por los agentes de la UCO, que también registraron la sede de Servinabar 2000 en Pamplona.
Por otro lado, la Guardia Civil concluyó en uno de sus informes del caso que Acciona pagó comisiones ilegales a Santos Cerdán por el amaño de obras en el norte de España.
Fernando Merino, el exdelegado de Acciona para el País Vasco y Navarra, también declaró ante el juez. No supo explicar por qué una empresa de esa magnitud como la que le tuvo en nómina necesitaba a una pequeña mercantil como Servinabar, sin experiencia en grandes obras, para llevarse este contrato.
Merino, no obstante, sí aseguró en el Tribunal Supremo que tanto en Navarra como en el País Vasco "una empresa nacional no tiene opciones". Según dijo, es una "práctica habitual" contar con una empresa de la zona para obtener adjudicaciones en ambos territorios.
La adjudicación
Tal y como reprocha ahora la Oficina Anticorrupción, a la hora de valorar los criterios cualitativos de la oferta de Servinabar y Acciona, cuatro miembros de la mesa de contratación "remitieron sus puntuaciones al presidente" de la misma.
Y éste "determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás". Por tanto, de esta forma, conociendo las valoraciones ajenas, pudo decantar la balanza a favor de una oferta u otra.
Por ello, la Oficina concluye que este hecho "constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados".
Informe de la Oficina Anticorrupción de Navarra.
Y cuando dicha irregularidad es de "carácter esencial", como así sucede en este caso, "supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación".
"Y, por tanto, de la propuesta de adjudicación", señala el informe, firmado por el director del servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador del ente, así como por la directora del mismo.
"No podemos determinar si ha existido o no un conflicto de interés que haya llevado al presidente de la mesa de contratación a actuar como lo hizo", admite el documento.
"Es algo que la comisión de investigación constituida en el Parlamento, y a quien se dirige este informe, tendrá que tratar de delimitar", añade.
"En todo caso, las circunstancias concurrentes en este expediente aconsejan una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las mesas de contratación como órgano colegiado
independiente", recomienda el informe.
A renglón seguido, insta a la "necesaria modificación", a fin de contar con "mayor claridad", de la ley foral que regula la contratación pública en Navarra.
El informe también relata que varias de las actas del expediente de contratación se redactaron tras el "intercambio de correos electrónicos" por parte de los miembros de la mesa.
Y este proceder, a ojos de la Oficina Anticorrupción, "vulneró las reglas esenciales del procedimiento, establecido por las normas para la integración de la voluntad del órgano colegiado".
El vocal secretario de la mesa, el representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra y el vocal interventor firmaron sendos votos particulares para criticar el procedimiento.
Todos ellos coincidían en la "falta de motivación que justifique las puntuaciones otorgadas en el informe de valoración y exponga las ventajas de unas ofertas frente a otras" y determinados "vicios en el procedimiento de valoración de las ofertas técnicas".