El dispositivo de seguridad establecido por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en el centro de Madrid en la última jornada de La Vuelta a España se vio absolutamente desbordado por los manifestantes propalestinos, que lograron reventar la carrera.
Los 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil movilizados se vieron sobrepasados muy pronto, apenas una hora más tarde del inicio de la etapa de este domingo.
Los manifestantes, perfectamente coordinados, desbarataron el control de seguridad y empezaron a arrojar vallas, vidrios y otros objetos a los agentes antidisturbios.
La acción se produjo de forma simultánea en distintos puntos del recorrido, que transitaba por el centro de la capital.
Tras lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional señalan tanto al ministro del Interior como al presidente del Gobierno por alentar los incidentes y por la falta de previsión ante unos disturbios previsibles.
Según fuentes conocedoras del dispositivo consultadas por EL ESPAÑOL, desde Interior se pidió evitar fotos o incidentes incómodos, y primar esa imagen a que los agentes pudieran hacer bien su trabajo.
La orden no se dejó por escrito.
Los mandos consideran que se podía haber dado una mejor seguridad durante toda La Vuelta, sin acortar los recorridos.
Sin embargo, eso habría propiciado "más fotografías de detenidos". Y desde Interior, se ha intentado evitar por todos los medios, según señalan los agentes.
Todos los sindicatos criticaron este domingo lo sucedido.
"El presidente del Gobierno, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un cuerpo policial fuerte y un dispositivo sólido, ha optado por lo contrario: alimentar la protesta", denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
El SUP considera que Sánchez, con sus declaraciones, dando alas a los manifestantes en la mañana del domingo, ha debilitado "la autoridad del Estado y deja en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España".
"Lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política", añade.
"Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado", añade el sindicato.
A su juicio, Marlaska estableció un "dispositivo claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos; se ha visto a grupos de compañeros totalmente rodeados, en una situación de riesgo intolerable".
Para el sindicato mayoritario, JUPOL, "el problema no radica en la planificación del dispositivo, sino en el clima de blanqueamiento y aliento que desde Instituciones del Estado y partidos políticos se ha dado a las movilizaciones en La Vuelta".
A juicio de este sindicato, "instar al boicot de un evento de esta envergadura no solo es una irresponsabilidad, es un ataque a la convivencia democrática y, potencialmente, un hecho constitutivo de delito".
Por ello, este colectivo ha exigido "que se depuren responsabilidades políticas", porque "la seguridad no puede ser rehén de intereses políticos ni de irresponsabilidades institucionales".
En paralelo, la Confederación Española de Policía (CEP) critica que "grupos de radicales han acabado llevando la dictadura de la violencia a las calles del centro de Madrid" en la última etapa de La Vuelta.
Según el sindicato, estos violentos "no solo han conseguido boicotear la etapa final de la prueba ciclista y el acto de entrega de premios, sino que han puesto en peligro a la mayoría pacífica de ciudadanos que formaban parte del público".
La CEP también subraya "el bochornoso espectáculo protagonizado por determinados líderes políticos" que, aseguran, han buscado la confrontación con la Policía.
En este sentido, el sindicato exige "a todos los partidos que han venido animando, exaltando y apoyando los actos de protesta contra la Vuelta Ciclista a que sin tardar un solo minuto emitan su más rotunda condena".