El verano de 2025 será recordado como uno de los peores, de entre los recientes, en materia de incendios.
Decenas de puntos calientes por media España, de Este a Oeste, al alimón con una histórica y extensa ola de calor, han provocado que la superficie arrasada sea más que el triple que la que ardió en 2024.
Ya son más de 157.501 hectáreas las calcinadas este verano, según los últimos datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales.
Esta situación ha provocado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) hayan ordenado el desalojo de determinadas zonas habitadas en entornos rurales.
Así ha sucedido, en los últimos días, en Posada de Valdeón (León), El Acebo de San Miguel (León), San Félix de Valdería (Zamora), Pobladura de Yuso (Zamora), San Esteban de los Nogales (Zamora) o las localidades orensanas de Castromil, Pías, Bajacoba, Villanueva de la Sierra y Porto, sólo por citar algunas.
Sin embargo, a raíz de esta situación, decenas de ciudadanos han expresado que harán caso omiso a estas órdenes. Se arriesgarán a una multa y no abandonarán sus casas.
Pese al peligro, su propósito es el de permanecer en sus localidades para tratar de frenar el fuego y salvar sus viviendas.
Así lo relataba este lunes el alcalde de Molinaseca (a la que pertenece El Acebo de San Miguel) en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.
"Se evacuó la localidad ante la previsión de que el fuego pudiera llegar a ella y algunos vecinos han decidido quedarse", narró Alfonso Arias.
Algo similar ocurrió en Cabezabellosa, localidad de Cáceres. No todos sus habitantes la desalojaron, pese a que así lo había ordenado la Guardia Civil. En torno a una veintena se negaron.
Tanto es así que el consejo de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, llegó a solicitar "comprensión" y "colaboración" a los vecinos insumisos, a los que recomendó lo siguiente: "Dejemos de intentar ser héroes de manera individual".
Ya se han ordenado más de 31.000 desalojos a causa del fuego. Quienes se niegan a ellos suponen un porcentaje escaso, pero, por simple aritmética y debido a la magnitud del desastre, los que hacen oídos sordos a la orden de evacuación son decenas, si no centenares.
Todos coinciden en el mismo propósito: "Me quedo a intentar salvar mi casa del fuego; no voy a desalojar".
Posibles multas
EL ESPAÑOL ha tratado de obtener del Ministerio del Interior una cifra desglosada de las propuestas de sanción formuladas por la Guardia Civil en los últimos días contra ciudadanos que se nieguen a las evacuaciones. Por el momento, no ha obtenido respuesta.
Además de desesperación ante la idea de que sus casas se conviertan en ceniza, lo que todos estos vecinos insumisos enfrentan es la posibilidad de acabar siendo sancionados.
¿De qué forma? La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil faculta a las autoridades a ordenar la evacuación de determinadas zonas si están en riesgo. Y contempla, a su vez, sanciones para quienes desoigan esta orden.
¿Cuáles son esas multas? Dejando de lado las posibles consecuencias penales que pudieran derivarse de estos comportamientos, como un delito de desobediencia, la norma recoge sanciones de tipo administrativo que, en su grado máximo, aplicable a situaciones de especial peligrosidad, pueden llegar hasta los 600.000 euros.
Para situaciones graves, las multas oscilan entre los 1.501 euros y los 30.000.
Y se considera una infracción de este tipo la siguiente situación: "En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes".