La maniobra de Instituciones Penitenciarias para no tener que informar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de las visitas a Santos Cerdán en su celda de Soto del Real ha causado una gran estupefacción tanto en fuentes del caso como en la propia UCO, así como en numerosos trabajadores penitenciarios, que pocas veces habían visto una negativa de estas características.
Según coinciden fuentes del caso con otras con una longeva experiencia en las cárceles españolas consultadas por EL ESPAÑOL, esto no resulta nada habitual. "Es algo que siempre se ha solicitado, fuese un narcotraficante, un asesino, o un político. Se ha pedido siempre que ha hecho falta. ¿Por qué ahora no? Prisiones siempre ha colaborado".
Esto que remarcan fuentes del caso encaja con lo que señalan fuentes de la investigación consultadas por este periódico. "El juez no ha prohibido nada a Prisiones, dijo que se ciñese al protocolo. Siempre habían colaborado, habría que saber por qué ahora no".
Según señalan a este diario fuentes penitenciarias conocedoras de esta clase de gestiones, esta solicitud la han realizado la UCO y otros organismos en calidad de policía judicial "centenares" de veces.
Sin embargo, por alguna razón, el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, secretario general de Prisiones y mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha optado por enviar un escrito al juez del Tribunal Supremo para informarle de que la Administración penitenciaria ha acordado "dejar sin efecto el cumplimiento que se venía haciendo relativo a la solicitud de la UCO" de obtener información sobre las visitas a Santos Cerdán.
Mandos policiales que han pedido medidas similares en sus investigaciones observan también con recelo e inquietud esta decisión de Instituciones Penitenciarias. "En la gran mayoría de ocasiones no ha sido así. Están tensando mucho la cuerda".
Discreción
En el escrito en que la UCO pedía a Instituciones Penitenciarias que le mantuviera al tanto de las visitas de Santos Cerdán en su celda de Soto del Real, dos palabras destacaban por encima de las demás: "Máxima discreción".
En concreto, la UCO quería saber quiénes y cuándo le visitaban. Los investigadores pedían, "por ser de interés para las investigaciones", "ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan".
Esa discreción que se exigía en el seno de las cárceles no duró demasiado. Ortiz remitió el escrito al juez del Supremo, Leopoldo Puente, y a este no le quedó más remedio que notificar a las partes. Fue así cómo se enteraron los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, uno de los representantes de la cloaca de Ferraz que llevan meses buscando trapos sucios para desacreditar a la UCO.
Este letrado y su entorno, tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, ha visitado en dos ocasiones al hombre fuerte de Sánchez en el PSOE nada más ingresar en la celda de la prisión madrileña.
La petición de la UCO causó un enorme malestar en los abogados de la defensa, que han aludido a esta situación en la vista celebrada de este martes en la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
Los letrados estaban valorando dirigirse al Colegio de Abogados para que se pronunciase sobre la legalidad o la corrección de esa petición, que interpretan como una indebida vigilancia a la labor de la defensa.
Todas las fuentes coinciden en que es bastante frecuente la solicitud de acceso a los contactos de un interno tan señalado por su pertenencia a una organización criminal. Lo menos habitual, señalan fuentes de la investigación, es que estas peticiones de los investigadores trasciendan el secreto de las actuaciones y terminen conociéndose.