El Ministerio del Interior, y en concreto la Policía Nacional, se está encontrando en las últimas semanas con un verdadero problema, que es el colapso generalizado de las cajas pagadoras de las comisarías de todo el territorio. La situación ha llegado tan al límite que incluso la Comisaría Especial de la Casa Real se ha quedado sin fondos.
Según una nota interior del Servicio de Seguridad de su Majestad El Rey, a la que ha accedido EL ESPAÑOL, desde el pasado 16 de junio, no se ha producido por parte de la Unidad Económica de la División Económica y Técnica la reposición en los fondos de esta caja pagadora. "Esta situación es ajena completamente a esta Comisaría Especial, siendo un problema general de la Policía a nivel nacional", alertan en el documento.
"Por lo tanto, hasta que esta situación se subsane, no se podrán dar adelantos y el abono de las comisiones en curso y futuras se retrasará hasta se vuelva a proceder a la citada reposición de fondos con normalidad", se destaca.
Este problema se viene enquistando desde hace ya unos meses, señalan fuentes de la Policía Nacional, desde donde lo atribuyen al contexto de ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los últimos que se aprobaron. Nunca hasta ahora se había dado la situación de que los policías nacionales tuvieran que adelantar dinero de su bolsillo para poder trabajar.
Amparo
Hace una semana, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió amparo a los representantes de los principales grupos parlamentarios en la mesa de Interior del Congreso de los Diputados, para urgir al Gobierno a dotar a la Policía Nacional del presupuesto necesario de manera inmediata.
"Desconocemos si el bloqueo se ha producido desde el Ministerio de Hacienda o directamente el Ejecutivo ha obviado la dotación presupuestaria para el servicio de los policías nacionales, pero es una auténtica vergüenza y otro agravio más para todos nosotros", señalaban en un comunicado.
"¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde está el presupuesto de las cajas pagadoras? ¿Hasta cuándo pretenden que los funcionarios de Policía Nacional sigan restando dinero de su presupuesto familiar para cubrir esta falta de previsión del Estado? ¿Qué otras vías hay para que los funcionarios viajen sin dormir en la calle?", señalan.
A su vez, el sindicato JUPOL denuncia también públicamente la situación límite que sufren las plantillas policiales en toda España ante esta polémica. "Un problema estructural, previsible y absolutamente inaceptable que está afectando de forma directa e intolerable a las condiciones laborales de miles de agentes".
La situación ha alcanzado un punto crítico: no solo se han suspendido los adelantos de dietas, fundamentales para el funcionamiento operativo de los desplazamientos, sino que la falta de fondos está provocando que no se puedan pagar facturas básicas de funcionamiento diario de las comisarías, tales como reparaciones urgentes, suministros de luz y gas o las reparaciones de los vehículos oficiales.
Uno de los efectos más graves y visibles de esta dejadez institucional es la paralización total del mantenimiento de los sistemas de climatización. "En plena ola de calor, y con temperaturas que superan los 35 grados en el interior de muchas dependencias policiales, la Dirección General de la Policía no ha sido capaz de garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad para los trabajadores", recuerda Ibón Domínguez, portavoz nacional de JUPOL.
Desde este sindicato creen que Interior estaría vulnerando de forma "flagrante" la legislación estatal en materia de prevención de riesgos laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público. "Esta alarmante falta de previsión y planificación no es
una circunstancia sobrevenida, sino la consecuencia directa de años de abandono, descoordinación y desinterés por parte de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior. Ambos organismos conocían de antemano las limitaciones
presupuestarias y operativas de las cajas pagadoras, y no han hecho absolutamente nada para anticiparse al problema".
Interior no ha evitado este colapso que afecta a buena parte de las comisarías más importantes del país. “La Dirección General de la Policía ha fracasado estrepitosamente en su responsabilidad de garantizar el funcionamiento básico del servicio policial", ha declarado Domínguez.