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Hace unas semanas, en los cacheos de una cárcel del sur de España, los funcionarios descubrieron un nuevo tipo de teléfonos móviles que los familiares de los internos están consiguiendo colar en los centros penitenciarios y que no había sido detectado hasta la fecha.

Son dispositivos de pocos centímetros, que los visitantes introducen por vía vaginal o rectal en los vis a vis. Pero cuentan incluso con cámara para realizar fotografías y vídeos.

Los presos se llevan los móviles a sus celdas de ese mismo modo, oculto en alguna de sus cavidades.

Antes, los funcionarios encontraban móviles muy pequeños que solo servían para hacer llamadas, pero la tecnología ha avanzado y entre los miles de dispositivos incautados aparecen aparatos más sofisticados.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión y generan un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno.

Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre 2020 y 2024 se han requisado un total de 12.882 terminales en los centros penitenciarios de toda España.

Se trata de una cifra descomunal, según los datos facilitados por el sindicato Acaip. En 2024 se decomisaron 2.884 dispositivos, cifras que reflejan una preocupante presencia dentro de las cárceles.

Las prisiones de Madrid III, Málaga I y Almería encabezan la lista de centros con más incautaciones en este periodo, con casi 700 terminales intervenidos en cada una.

En 2024, Almería (195), Madrid VII (180) y Málaga I (161) lideraron el ranking de decomisos.

Desde Acaip-UGT, señalan el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando.

Los teléfonos, como el de la imagen a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que ilustra esta información, son cada vez más pequeños. Están fabricados con componentes plásticos para así escapar fácilmente a los detectores de metales.  

Crimen organizado

Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. Algunos de ellos continúan con sus turbios negocios desde su celda, y para ello necesitan de esta y otras tecnologías.

El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que está propiciando que aparezcan nuevos conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

"Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes", alertan en Acaip. "Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros".

Amenaza de drones

Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.

Frente a este panorama, "es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedadoobsoletos ante el avance de las telecomunicaciones".

A juicio de Acaip, "es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas".

La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción." La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario", continúan.

"La lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros".