La Policía eleva hasta 360.000 euros el dinero que recibieron, a través de decenas de contratos públicos concedidos a dedo, las empresas de la exdirectora del Instituto de las Mujeres y de su esposa.
En julio de 2024, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Isabel García, por entonces máxima responsable de este organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, se había lucrado a través de estas adjudicaciones. La mayoría, concedidas por consistorios dirigidos por el mismo partido al que ella pertenece: el PSOE. Por este escándalo, fue cesada como directora del Instituto de las Mujeres.
Ahora, este periódico avanza un informe policial que eleva hasta 360.000 euros el valor total de los 110 contratos menores analizados, adjudicados, principalmente, por entidades municipales valencianas. Pero también por otros organismos distintos.
En todos los casos, los beneficiarios fueron o Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad SL o Imber Consultoría Política de Igualdad SL.
Gran parte de los encargos correspondió a la colocación de los llamados Puntos Violeta. Se trata de stands destinados a la atención de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sexual en grandes eventos, como festivales o festejos populares. En ellos también se reparten folletos de concienciación.
García fue directora del Instituto de las Mujeres entre el 27 de diciembre de 2023 y el 23 de julio de 2024. Durante una porción de ese periodo, figuró como administradora única y titular del 51% de las participaciones de Elig Consultoría SL.
El 25 de enero, al poco de ser nombrada en Igualdad, cesó como administradora y fue sustituida por su esposa, Elisabeth G. Busnadiego. El 8 de febrero, le vendió casi todas sus participaciones a ésta y tan sólo se quedó con un 9,33%.
Imagen del informe policial.
Mientras estaba al frente del Instituto de las Mujeres, García también ostentó el 49% de la propiedad de Imber Consultoría SL, que reduce, hasta sólo un 8,33% ese mismo 8 de febrero.
Es decir, mientras era alto cargo de Igualdad, poseía, de forma mayoritaria o no, la propiedad de dos empresas que, entre 2022 y 2024, han recibido contratos (principalmente, municipales) por un valor global de más de 360.000 euros.
En concreto, la Policía ha hallado un total de 104 ingresos de dinero público en favor de Elig Consultoría SL. No todos aparecen en el Portal de Transparencia. De algunos, la Policía no tiene copia del contrato, pero sí ha localizado la transferencia en las cuentas bancarias de la compañía.
¿El importe? Un total de 343.667,61 euros en sólo dos años: de 2022 a 2024. Entre los ayuntamientos que figuran en la lista, destacan: el de Albal, el de Moncada, el de Alaquàs, el de Orihuela, el de Alcàsser, el de Foios, el de Gandía, el de Pobla de Vallbona, el de Pincanya, el de Cullera, el de Catarroja o el de Massamagrell.
Un apunte: de esos 104 ingresos, la Diputación Foral de Guipúzcoa, presidida por el PSOE, es responsable de cuatro, que suman 37.315 euros. Otro corresponde a la Vicepresidencia de Igualdad (14.250 euros) de la Generalitat de Valencia cuando estaba encabezada por Ximo Puig. Otro par, al madrileño Ayuntamiento de San Fernando de Henares (13.400 euros). Otras dos transferencias las efectúa la Mancomunidad de Campo del Turia (14.036 euros en total).
Asimismo, en el informe constan otros seis ingresos, por un total de 17.714 euros, dirigidos a las cuentas de Imber Consultoría de Igualdad SL por parte de los Ayuntamientos de Catarroja y Albal.
No obstante, existe otro listado de ingresos, también provenientes de entes públicos, que la Policía no ha podido identificar. Y son más de 30. Los nombres de las entidades que emiten las facturas aparecen cortados en los extractos bancarios. Pero se aprecia que la mayoría son ayuntamientos, porque aparece la palabra ajuntament. Uno de los conceptos corresponde a la realización de un taller sobre los "mitos del amor romántico".
Nexos con ayuntamientos
Este informe policial ya ha sido enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata (Valencia), que analiza estos hechos tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias basada en las revelaciones de EL ESPAÑOL.
Por otro lado, en su informe, el Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial también repasa la trayectoria de Isabel García. Y detalla que su vinculación con las políticas de igualdad no se originó en el año 2023, cuando fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres. Comenzó antes. Concretamente, en 2015, cuando es designada diputada provincial delegada de Juventud, Deportes e Igualdad.
En esa etapa, creó en Valencia la Red de Municipios contra la Violencia de Género. Por ello, la Policía solicita al juez que le permita analizar los vínculos que se tejieron en aquellos años, entre García y estos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque años después, ya a partir de 2022, algunos de esos consistorios acabarían adjudicando contratos a dedo a Elig Consultoría de Igualdad SL y Imber Consultoría de Igualdad SL.
La Policía también solicita al Juzgado que requiere a la Oficina de Conflictos de Interés (OCI) que detalle si detectó alguna incompatibilidad de García cuando era alto cargo.
Entre 2019 y 2022, justo antes de convertirse en responsable del Instituto de las Mujeres, Isabel García fue asesora del Ministerio de Fomento, renombrado después como Ministerio de Transportes. Por tanto, asesoró durante dos años al valenciano José Luis Ábalos, que fue cesado por Pedro Sánchez en verano de 2021.