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Por tercer año consecutivo, las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias, el departamento dependiente del Ministerio del Interior, registran una preocupante cifra de agresiones a los trabajadores del sistema penitenciario. Los funcionarios fueron víctimas en 2024 de 504 agresiones por parte de reclusos en prisiones de toda España.

Se trata del segundo peor dato de la historia según los registros, después de que en 2023 se alcanzase la cifra de 508 episodios de agresiones de diversa gravedad. Es el tercer año consecutivo en el que esta tendencia se mantiene, ya que 2022 superó con creces todos los registros (453 agresiones).

Los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL sobre este 2024 vuelven a romper la barrera del millar de incidentes de toda índole. Los datos indican que un funcionario de prisiones sufre una agresión cada 17 horas y 24 minutos en España.

Según la información proporcionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se han producido 7 casos de agresiones con lesiones graves. También 255 casos de funcionarios agredidos y con lesiones leves, otros 5 casos con lesiones moderadas y 237 casos de agresiones en las que no ha habido que lamentar daños físicos para los trabajadores de las cárceles.

Estas cifras se dan, además, el mismo año en que la cocinera de la prisión catalana de Mas d'Enric (Tarragona) fue asesinada por uno de los presos. Un hecho que provocó graves disturbios y manifestaciones por parte de los trabajadores de las prisiones catalanas, cuyas estadísticas no aparecen reflejadas en este recuento, ya que la Generalitat gestiona sus cárceles de manera independiente.

Las imágenes que ilustran este artículo son el resultado de algunas de las más graves agresiones de este pasado año. Los centros penitenciarios de Cádiz, Puerto I y Puerto III son los que más agresiones han registrado en los últimos 12 meses. 49 agresiones en total. La más conflictiva es Puerto III, con una agresión grave, 21 leves y 20 ataques más en los que no hubo que lamentar que ningún funcionario resultase herido.

Otras prisiones como Huelva (23), Córdoba (23), Soto del Real (23), Zaragoza (20) o Sevilla II Morón (14) se mantienen en la parte alta del ranking del pasado año.

54 delitos sexuales

En cuanto a las agresiones contra la libertad sexual de los funcionarios, los datos han sido proporcionados sin desglose por centros penitenciarios para evitar la posible identificación de víctimas. Las estadísticas señalan que se produjeron 10 agresiones sexuales, 44 delitos de acoso sexual y 53 casos de exhibicionismo.

Los datos expuestos reflejan los problemas de seguridad dentro de los centros penitenciarios españoles, donde los trabajadores penitenciarios enfrentan situaciones de riesgo en el desempeño de sus funciones.

El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) valora con gravedad la cifra. "Si fuéramos considerados agentes de la autoridad, se reducirían las agresiones, pues así no saldrían gratis y que además un trabajo con un índice tan elevado merece ser considerado como profesión de riesgo".

Tras verse reducidos los ataques en los años 2020 y 2021 debido al cierre de las instalaciones penitenciarias durante la pandemia y la consecuente disminución de entrada de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes por personas ajenas a la institución, una vez vuelta la normalidad el número de agresiones se ha disparado desde entonces. La tendencia continúa al alza.

Hace tres años, tal y como reveló EL ESPAÑOL, Instituciones Penitenciarias modificó una de sus instrucciones internas para permitir que los presos pudieran obtener permisos de salida aun habiendo sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves

La orden interna del departamento de Fernando Grande-Marlaska cambiaba uno de los apartados de la Instrucción 1/2012, la que regula los permisos de salida para los reclusos. Desde el pasado 2022, los procesos de infracciones y de sanciones ya no se tienen en cuenta para determinar la mala o buena conducta del interno, algo que era fundamental al valorar si se concedían o no permisos de salida.