La polémica por la posible amnistía a los líderes independentistas llegará en las próximas semanas a los Parlamentos autonómicos y a los Ayuntamientos, después de que el PP haya iniciado una ofensiva en toda España para obligar al PSOE a posicionarse.

Esta iniciativa, que ya se ha registrado en las Cortes Valencianas y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que la amnistía "es un precio inasumible para cualquier gobernante decente".

Al respecto, los populares recuerdan que no es la primera vez que se plantea esta cuestión, ya que en 2021 se presentó una propuesta similar en el Congreso de los Diputados. En ese momento, sin embargo, tanto Pedro Sánchez como otros ministros socialistas como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo señalaron la inconstitucionalidad de una posible amnistía, señala el documento.

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Para el grupo popular, "los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas". "Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley", puede leerse en el texto, que acusa al presidente del Gobierno de "utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado".

"El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social", reza la propuesta.

A juicio de los populares, “en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.

“Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”, se lee en el texto.

Además, subraya que “tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan al estado español”.

Antecedentes

La iniciativa registrada por el grupo parlamentario popular recuerda que el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que “siguió el principio de reconciliación nacional” y que “guió la transición a la democracia”.

Considera que la amnistía era “una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura”.

“Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia”, reza la Proposición No de Ley (PNL).

En este sentido, la iniciativa popular explica que durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió precisamente la cuestión de la amnistía, pero finalmente se aprobó un artículo que prohíbe los indultos generales. “El perdón -que si existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la decimonónica Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general”, añade el texto.

La proposición recuerda los hechos de 2017, cuando "se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional”, ante el cual se aplicó el artículo 155 de la Constitución y se pusieron en marcha "los instrumentos penales contra sus impulsores".

Se impusieron penas de entre nueve y trece años, pero el principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero, subraya el texto, que añade que, "desde entonces, intenta evitar la acción de los tribunales españoles y europeos". 

"El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema", relata.

Por todo ello, el grupo popular insta a la Cámara valenciana a rechazar "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito".

Además, considera que "el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento".

Finalmente, anima a los partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral".

Al primer pleno

La voluntad del grupo popular es que esta iniciativa se debate en el primer pleno ordinario de las Cortes valencianas, que será el próximo 4 de octubre, según avanzó el portavoz parlamentario, Miguel Barrachina. 

El parlamento valenciano, será, por lo tanto, uno de los primeros en debatir dicha propuesta, que también se ha presentado en Madrid y Castilla y León. 

Tal y como defendió Barrachina, la PNL propone "la repulsa al proceso que pretende la amnistía a aquellos que convocaron ilegalmente un referéndum de secesión, de división y fractura de la histórica nación española”.

“Desde el grupo popular estamos en contra de esas negociaciones a cambio de amnistía por dos motivos: primero por españoles, porque están negociando con un prófugo de la justicia española, y en segundo lugar por valencianos, porque todas las decisiones del separatismo catalán son siempre contrarias a los intereses, a la independencia y a la personalidad valenciana”, afirmó Barrachina.

Al respecto, Barrachina insistió en la voluntad del partido que lidera Carlos Mazón de que todos los grupos de la Cámara "voten y se posicionen" sobre una posible amnistía "a quienes pretenden levantar fronteras y a quienes con su lenguaje nos hieren inventando ensoñaciones del paisos catalans que nunca han existido ni existirán”.