El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado este jueves la "utilización política" y la posible "desinformación" en torno al crimen de Lardero, en el que un menor, de 9 años, fue asfixiado, supuestamente, por Francisco Javier Almeida, un asesino ya condenado previamente, además de agresor sexual reincidente.

"Puede haber un poco de maldad o desinformación, y quizá de una utilización política de una tragedia", ha expresado el titular de Interior, en una rueda de prensa tras su reunión con el conseller de esta misma materia de la Generalitat catalana, Joan Ignasi Elena.

Marlaska ha pedido también "no generar desconfianza en las instituciones ni faltar a la realidad", antes de volver a trasladar su "máxima solidaridad y acompañamiento" a la familia del menor asesinado en la localidad riojana.

En contra de la cárcel

Tal y como adelantó este diario, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —organismo central en materia de Prisiones en toda España, dependiente del Ministerio del Interior y que actualmente encabeza Ángel Luis Ortiz— concedió en febrero de 2020 la semilibertad a Francisco Javier Almeida en contra del criterio mayoritario de la cárcel en la que estaba interno por una condena previa.

La Junta de Tratamiento del penal de El Dueso —encargada de estudiar la situación de cada reo; compuesta, entre otros, el director de la cárcel, los psicólogos, psiquiatras y educadores y demás técnicos en contacto diario con los reos— se decantó, mayoritariamente, por que Almeida no progresase al tercer grado, régimen que permite salir durante el día de la cárcel y volver por la noche.

Acuerdo de progresión a tercer grado de Francisco Javier Almeida. E.E.

No obstante, la defensa del interno recurrió esta decisión por vía administrativa y la Secretaría General, con un texto estándar de tres líneas y escasísimamente motivado, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, optó por concederle la semilibertad.

Apenas dos meses después, en abril de 2020, un juez de Vigilancia Penitenciaria acordó su libertad condicional, de la que Almeida gozaba cuando fue detenido hace más de una semana por la muerte del pequeño Álex.

Ofensiva parlamentaria

Tanto el Partido Popular como Vox llevarán al Congreso de los Diputados una batería de preguntas y solicitudes dirigidas al Ministerio del Interior.

Asimismo, los sindicatos mayoritarios de funcionarios de Prisiones exigieron ayer el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que reprochan que fomente una "guerra de estadísticas" en torno al número de terceros grados concedidos a los presos, una filosofía "buenista" que, a su juicio, guía el proceder de la actual administración.

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