La negativa de Laya a colaborar con la Justicia impide averiguar quién ordenó la entrada de Ghali

La exjefa de la diplomacia española actuó como un tapón ante el magistrado que pretende esclarecer si la entrada de Ghali en territorio nacional se hizo de manera irregular. Su negativa a colaborar impide, al menos por el momento, conocer quién dio la orden de facilitar la entrada de Ghali.

A preguntas del magistrado, la exministra rehusó contestar en al menos hasta en cinco ocasiones acogiéndose a un acuerdo del Consejo de Ministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el derecho a la reserva en determinados autos.

En concreto, Laya invocó un acuerdo del Gobierno del 15 de octubre de 2010 inspirado en la Ley de Secretos Oficiales que permite convertir determinadas cuestiones en "materia clasificada" o "reservada". El documento decreta que quedarán declarados secretas aquellas informaciones "cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo las relaciones diplomáticas con terceros países". 

Con ese argumento, Laya rechazó responder a preguntas clave del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Laya reconoció que a Ghali no se le exigió ningún tipo de documentación para entrar en España, alegando que desde Argelia aseguraron a Exteriores que la llevaba consigo.

La exministra no quiso revelar quién llamó desde Argelia para solicitar la acogida de Ghali. Tampoco aclaró quién transmitió la solicitud ni quién dio la orden o tenía conocimiento de ella, ni quién se la transmitió o si hubo ministros que lo debatieron entre sí.

Laya, investigada por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado, sí reconoció que "se autorizó" la entrada de Ghali por razones humanitarias. Y que todo se realizó "conforme a la Ley". Luego se negó a responder a las acusaciones, representadas por los abogados Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro.

"Con discreción"

Laya declaró al juez que, cuando días antes del 18 de abril, Argelia solicitó a España que acogiera al mandatario saharaui, le confirmaron que llegaría con el pasaporte diplomático. La realidad es que nunca se supo realmente si eso fue así, porque una vez el avión aterrizó en Zaragoza no se le exigió identificarse.

Lo que sí trascendió más tarde es que le recogió una ambulancia del servicio de Emergencias de La Rioja, que fue trasladado al hospital y que a Brahim Ghali se le registró bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. 

A través de los whatsapps y la declaración de Camilo Villarino, mano derecha de Laya -también investigado en la causa- se ha sabido que todo se hizo "con discreción". Villarino también dijo que el Gobierno "no es un reino de taifas", dando a entender que una decisión de ese calado no podía haberla tomado sola la ministra.

Razones humanitarias

El obstáculo que la declaración de la exministra supone para la instrucción del caso no frena el empeño del juez por saber lo que ocurrió. Por el momento queda por delante la práctica de muchas diligencias de carácter testifical y documental. 

Recientemente, y en el marco de las pesquisas, el instructor ordenó a la oficina Sirene España que informase si alguno de los Estados miembros de la zona Schengen había librado orden europea de detención o de "mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial" sobre Brahim Ghali en la fecha en la que entró al territorio español. 

Están pendientes también las declaraciones de María Isabel Valldecabres, mano derecha de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la directora de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo. 

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre falso de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali. A su salida de España, Ghali tampoco presentó el pasaporte ante la Brigada de Extranjería a pesar de que se la requirieron en el aeropuerto. Tal y como reveló este periódico, alegó que no disponía de documentación alguna.