El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido "poner en cuarentena" la renovación del convenio que tenía previsto firmar en los próximos meses para financiar a la Fundación España Salud (FES), ante las dudas sobre la gestión de esta entidad que ofrece asistencia sanitaria a los españoles que residen en Venezuela.
La fundación fue creada en 2006 por iniciativa del entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y su presidencia corresponde al embajador de España en Venezuela (un cargo que hoy permanece vacante). La gestión de la entidad está en manos del consejero de Trabajo de la Embajada de España en Caracas, el socialista José Francisco Armas.
La Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España firmó en octubre de 2019 un convenio con la FES para garantizar a los residentes españoles con pocos recursos atención médica primaria y ambulatoria, cirugía en clínicas privadas concertadas y el suministro de los medicamentos.
Según la estimación inicial, esta ayuda supondría a lo largo de 2019 servicios médicos por valor de 700 euros para un total de 1.908 beneficiarios, que son seleccionados por la propia Consejería de Trabajo de la Embajada.
Tenía 12 millones
Fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a EL ESPAÑOL que este convenio supuso en 2020 una inyección económica de 2.570.156 euros para la Fundación España Salud (FES) para dar asistencia sanitaria a 3.500 españoles residentes en Venezuela.
La entidad tenía a principios de 2018 unos fondos propios de 12 millones de euros, gracias a los recursos que recibe del Gobierno central y de los Ejecutivos autonómicos de Galicia, Canarias y Asturias.
La nueva sede de la Fundación España Salud (FES), situada en el centro de Caracas.
Sin embargo, como ha informado este diario, durante los últimos meses la FES ha suspendido las operaciones quirúrgicas electivas (es decir, las que no son de urgente necesidad) y ha comenzado a retirar el suministro de medicamentos a los residentes españoles en Venezuela, alegando que se ha quedado sin presupuesto.
Todo ello, después de que la fundación creada y controlada por la Embajada se gastara hace tan sólo dos años, en 2019, 6,2 millones de euros en la compra y reforma de su nueva sede, un edificio de siete plantas situado en pleno centro financiero de Caracas.
"En cuarentena"
Esta inversión fue impulsada por el consejero de Trabajo de la Embajada, Francisco Armas, y por la entonces ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio.
El Ministerio de Inclusión tenía previsto firmar este año la renovación del convenio para garantizar la financiación de la FES. Sin embargo, fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Escrivá indican a EL ESPAÑOL que se ha decido "poner en cuarentena" la firma del convenio y estudiar sus condiciones, tras las informaciones que apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de la entidad.
En una sentencia dictada el pasado 31 de mayo, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas considera probado que la Fundación España Salud (FES) especuló con dólares en el mercado paralelo (algo que constituye un delito en aquel país) y cometió numerosas irregularidades en los expedientes de ayuda a los españoles residentes en Venezuela.
Pese a ello, el Tribunal de Cuentas archivó la denuncia presentada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra dos antiguos gestores de la fundación, por considerar que las ayudas recibidas del Gobierno español se destinaron a su fin legal: dar ayuda sanitaria y asistencial a los españoles residentes en Venezuela.
"50 millones de dólares"
Durante un acto celebrado en la ciudad de El Tigre (en el estado venezolano de Anzoátegui), el consejero de Trabajo de la Embajada española, Francisco Armas, explicó que la FES ha recibido desde su creación, en 2006, "cerca de 50 millones de dólares" del Gobierno español. A esta cifra hay que añadir las aportaciones realizadas por los gobiernos regionales de Galicia, Canarias y Asturias.
La entidad recibe el 100% de sus recursos de las Administraciones públicas españolas, pero afirma que no está sometida a los tribunales españoles de Justicia porque es "una institución venezolana de derecho privado"
La Secretaría de Estado de Migraciones, que actualmente dirige Jesús Javier Perea Cortijo, destinó el año pasado 18,8 millones de euros en ayudas asistenciales a los españoles que residen en Venezuela, un país que hoy atraviesa una grave crisis económica, con una inflación del 2.950% que convierte en papel mojado los salarios y los ahorros de los ciudadanos.
El consejero de Trabajo de la Embajada de España en Venezuela, José Francisco Armas.
Los fondos gestionados por la Consejería de Trabajo de la Embajada incluyeron una partida de 14,9 millones de euros para abonar "prestaciones por razón de necesidad" a 3.538 personas. Esta ayuda se destina a españoles residentes en Venezuela mayores de 65 años o que están en situación de incapacidad.
Como ha informado EL ESPAÑOL, la Embajada de España en Venezuela se ve desbordada por las peticiones de ayuda y aconseja a los residentes en aquel país que "vuelvan a España" si tienen problemas de salud o no pueden hacer frente a la crisis económica.