Discrepancias con la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han hecho que la Policía Nacional rechace utilizar las 40 terminales informáticas que la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) le envió hace dos años para identificar a los inmigrantes ilegales que llegan a España.

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Se trata de 40 dispositivos denominados Live Scan, que permiten tomar la huella completa de la mano. La información recopilada se incorpora a una gran base de datos sobre delincuencia transfronteriza (como inmigración ilegal, terrorismo y narcotráfico) que en España gestiona la Guardia Civil dentro de la Red de Vigilancia Europea (Eurosur).

El análisis de estos datos permite detectar si extranjeros sin documentación que ya han sido expulsados de la Unión Europea vuelven a cruzar la frontera. Esta herramienta también es fundamental para rastrear a elementos radicalizados que hayan podido tener contacto con núcleos de terrorismo yihadista.

La Guardia Civil también utiliza esta información para realizar análisis de vulnerabilidad de las fronteras españolas, con el fin de prever posibles avalanchas de inmigración ilegal como la registrada en Ceuta, propiciada por el régimen de Mohamed VI.

Los dispositivos Live Scan debían ubicarse en comisarías situadas en las zonas de mayor afluencia de inmigrantes ilegales, como Canarias y las costas andaluzas. Sin embargo, hasta ahora la Policía Nacional ha rechazado utilizar estas terminales y sigue recurriendo al procedimiento rudimentario de tomar las huellas dactilares con tinta.

Un dispositivo Live Scan con características similares a las remitidas por el Frontex a la Policía española.

Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL atribuyen este hecho al malestar de los máximos responsables de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras con el ministro del Interior, que en 2010 colocó a un teniente general de la Guardia Civil al frente de la Autoridad de Coordinación para hacer frente a la Inmigración Irregular, como un mando único sobre fronteras, costas y Policía Marítima.

En la pugna entre ambos Cuerpos, los responsables de la Comisaría de Extranjería consideran que esta decisión ha menoscabado sus competencias. El actual comisario general es Enrique Tavora Álvarez, que ya ocupó este cargo durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio de Información. Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy fue destinado a una embajada en Suramérica, pero el ministro Grande-Marlaska lo repuso al frente de la Comisaría General de Extranjería.

El director del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) es David Agorreta Ruiz, que fue un estrecho colaborador del Director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino. La entonces pareja de Agorreta, también comisaria, estuvo al frente de la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por Pino, que analizó e intentó reabrir asuntos como los atentados del 11-M, el caso Faisán y el caso Marta del Castillo.

Tras la llegada de Juan Ignacio Zoido al Ministerio de Interior, el nuevo DAO de la Policía, Florentino Villabona, disolvió la Brigada de Análisis de Casos en febrero de 2017. A ella se le propuso entonces un nuevo destino en el Servicio de Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, pero lo rechazó porque no quería estar a las órdenes de un mando de la Guardia Civil: el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Las acusaciones del PSOE

En junio de 2015, el diputado socialista Antonio Trevín Lombán había presentado una dura interpelación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que acusó a los comisarios David Agorreta y su entonces pareja de formar parte de la “policía política” del PP y de cobrar “escandalosas dietas durante los años del Gobierno popular”. Aludía a que ambos estaban oficialmente destinados en Navarra, con un plus de peligrosidad de 682 euros al menos cada uno, al tiempo de cobraban una dieta diaria como comisionados en Madrid.

La decisión del ministro Grande-Marlaska de poner en manos de la Guardia Civil el mando de la Autoridad Coordinadora en la lucha contra la inmigración ilegal ha hecho que se intensifiquen las tensiones entre ambos Cuerpos. Durante meses, el número 2 de la Comisaría de Extranjería, David Agorreta, se ha negado a aportar información a la base de datos del sistema Eurosur que gestiona la Guardia Civil en la sede de Guzmán el Bueno, en el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR).

La puesta en marcha de este centro se acordó en 2012 con una inversión de 20 millones de euros de la Unión Europea. En su lugar, Agorreta ha preferido enviar periódicamente a un funcionario a la sede central del Frontex en Varsovia (Polonia), para aportar estos datos en un pendrive. Rechazar los requerimientos de la información de la UE habría supuesto para España una multa de hasta 90.000 euros diarios.

Finalmente se ha habilitado un ordenador seguro en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior para poder aportar directamente estos datos a las instituciones comunitarias, según explican las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.