El Consejo de Ministros ha acordado este martes el cese del Inspector General de Sanidad Militar, el general de división médico Antonio Ramón Conde Ortiz. Su sustitución, a instancias de la ministra de Defensa, Margarita Robles, llega tres meses después de conocerse la polémica vacunación del ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, y otros mandos del Estado Mayor de la Defensa. 

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Ese episodio le costó el cargo al general del Aire y hombre de máxima confianza de la ministra, quien presentó su dimisión pocos días después de que se revelara este hecho. Ahora llega ese nuevo cambio en la gestión sanitaria en el seno de las Fuerzas Armadas.

El cargo que ocupaba Conde Ortiz será ocupado en comisión de servicios por el general de brigada Juan José Sánchez Ramos, actual Subdirector General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.

Con este cambio, aseguran desde Defensa, se pretende "abrir una nueva etapa, con proyección de futuro, dando un impulso a la innovación, vinculada a la Farmacia Militar y al trabajo de la Sanidad Militar en el ámbito de la Unión Europea".

Conde Ortiz, según los datos oficiales del ministerio, llevaba en el cargo desde mayo de 2019, un año después de la llegada a Moncloa del ejecutivo socialista. No había cumplido dos años al frente de la Inspección General de la Sanidad Militar. 

La polémica de las vacunaciones

El orden de vacunación contra el coronavirus en las Fuerzas Armadas era gestionado y dirigido directamente desde la Subsecretaría de Defensa. En ese orden se priorizaba al personal de las esferas sanitarias de los ejércitos y a los soldados presentes en misiones internacionales, así como sus mandos. Mientras tanto, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) contaba con una partida de dosis para inmunizar a la cúpula militar siguiendo ese mismo protocolo.

Fuentes del Estado Mayor explicaron que las Fuerzas Armadas contaban con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y, dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que priorizaba al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y la cadena de mando siguiendo un criterio de edad.

Miguel Ángel Villarroya tomó la decisión de marcharse tras filtrarse que él y otros mandos se vacunaron contra la Covid-19 sin formar parte de los llamados grupos prioritarios.

Casi al mismo tiempo, EL ESPAÑOL reveló cómo un centenar de soldados del Ejército del Aire fueron desplegados a finales de enero en Rumanía sin haber recibido la vacuna contra la Covid-19 antes de su partida, contraviniendo así el protocolo establecido por el Ministerio de Defensa