Ana I. Gracia Mariano Alonso

Pedro Sánchez y Pablo Casado eligieron en 2019 una determinada política de alianzas. El primero llegando al Gobierno de coalición con Podemos, el mismo que negó en la primavera y el verano de hace dos años, cuando la política española volvió a instalarse en el bloqueo; el segundo sacando adelante sus principales gobiernos autonómicos y municipales en coalición con Ciudadanos y en la mayoría de los casos con el apoyo externo de Vox, del que luego se distanciaría en su recordado discurso de la moción de censura.

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El partido más a la izquierda del espectro parlamentario nacional, y el más a la derecha, condicionan desde entonces la política institucional española, algo que ha quedado de manifiesto este lunes.

Los de Santiago Abascal aprietan el zapato del PP exigiendo el llamado pin parental en la Comunidad de Madrid, como antes en Andalucía, para mantener el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que los de Pablo Iglesias advierten al PSOE que no renunciarán a su cuota en el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la pretensión del PP de excluirles. 

Abascal presiona a Ayuso

Vox eleva su apuesta en la Comunidad de Madrid. El partido que lidera Abascal pone ahora como condición sine qua non para votar a favor de los Presupuestos regionales que se implante ese pin parental, que es la autorización expresa de los padres para la participación de los hijos en actividades educativas complementarias. 

El equipo de Díaz Ayuso, con el consejero Javier Lasquetty al frente, lleva sudando la camiseta "varias semanas" para seducir al grupo que lidera Rocío Monasterio y aprobar "cuanto antes" las nuevas cuentas públicas. Los de Vox, sin embargo, llevan su ritmo y han puesto encima de la mesa la misma condición que en Andalucía: que los padres en Madrid tengan la opción de no llevar a sus hijos a clase cuando se imparta contenidos de género. Si PP y Cs no aceptan, no votarán a favor.

Ayuso, Abascal y Monasterio, charlando en los pasillos de la Asamblea de Madrid. EFE

La negociación de unos nuevos presupuestos en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más castigadas por la pandemia, está siendo a tres bandas entre el consejero de Hacienda; el vicepresidente, Ignacio Aguado, y la portavoz regional de Vox, Rocío Monasterio. El equipo madrileño de Abascal también ha solicitado formalmente al Gobierno autonómico que adelgace el volumen de la Administración para ahorrar gastos que son, a su juicio, superfluos.

Roces

El punto de mayor fricción entre los tres partidos es el pin parental, según fuentes directas de la negociación. "La voluntad del Gobierno para llegar a un acuerdo es máxima, pero Vox lleva un mes mareando la perdiz y lo último ya es priorizar el pin parental", aseguran fuentes del Gobierno regional a EL ESPAÑOL. "Y ahora mismo la prioridad de los madrileños es otra", como reordenar el gasto y el ingreso público y amoldarlos a la crisis financiera sobrevenida por el coronavirus.

El Partido Popular y Ciudadanos, los dos partidos que conforman el Gobierno, anunciaron a finales de enero un preacuerdo para sacar adelante las cuentas públicas. El borrador presupuestario llegó ya con las cuentas prorrogadas pero, al no tener mayoría en el Parlamento (PP y Cs suman 56 escaños) necesitan más apoyos para aprobarlas. 

Desde el primer momento, el consejero de Hacienda tendió la mano hacia Vox, ya que con el voto afirmativo de sus doce diputados serían suficientes para aprobarlos. Ciudadanos hubiera preferido intentarlo con el PSOE de Ángel Gabilondo.

Conforme las negociaciones avanzan, Rocío Monasterio exige también que se incluya la rebaja de medio punto en el IRPF a los madrileños. La propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mantiene firme su compromiso de "acometer la mayor rebaja fiscal de la historia" en Madrid. En este punto, Ciudadanos considera que no es el momento de bajar impuestos. 

El partido de Santiago Abascal se ha tomado con calma la negociación y no tiene ninguna prisa en dar su visto bueno al documento que sigue siendo un borrador. De hecho, su estrategia pasa por "desgastar" y "tensar internamente al Gobierno de Ayuso y Aguado", reconocen fuentes conocedoras de estos encontronazos privados. 

El Ejecutivo madrileño quiere amarrar el voto afirmativo de los 12 diputados verdes antes de enviar los presupuestos para su debate y votación a la Asamblea de Madrid.

De momento, cuándo se debatirán las cuentas en el Parlamento madrileño es el gran misterio que el Gobierno regional quiere despejar cuanto antes.

Podemos y el CGPJ

Si Vox es la piedra en el zapato del PP, Podemos es la del PSOE, más aun por cuanto los de Pablo Iglesias gobiernan en coalición con los socialistas. La formación morada insiste en que tiene derecho a participar en el reparto del CGPJ, el mismo órgano que hace apenas un lustro defendía que fuera elegido por sufragio universal. Ahora quieren su trozo de la tarta del órgano de gobierno de los jueces y no están dispuestos a dar su brazo a torcer.

Hasta el punto de que fuentes de Unidas Podemos aseguran que si Sánchez se plegase a las pretensiones del PP de que el CGPJ no esté teñido de color morado, se plantearían incluso la extrema medida de abandonar el Ejecutivo.

Sánchez e Iglesias, durante un Consejo de Ministros. EFE

Después de la reunión ordinaria este lunes de la Ejecutiva podemita, su portavoz, Isabel Serra, arremetía contra los de Casado por considerar "un escándalo que el PP esté bloqueando el CGPJ, que esté bloqueando a los jueces que han sido valientes contra la corrupción del PP y que también esté vetando a Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar, y estamos seguros de que no lo va a aceptar el Gobierno".

Se refería Serra a sus dos candidatos a ocupar un sillón de vocal del órgano de gobierno de los jueces, la actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el magistrado José Ricardo de Prada, autor de la sentencia sobre el caso Gürtel, que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Para salvar el veto a este último del PP, el PSOE ofreció a Podemos a la desesperada un puesto en el Tribunal Constitucional, pero los de Iglesias no aceptaron. 

Pero al mismo tiempo, Serra reprochaba al PP sus propias propuestas de vocales, en concreto la del magistrado Alejandro Abascal.

"Tratan de salir impunes por todos los casos de corrupción que siguen abiertos" afirmaba la también portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, quien señalaba además que "lo peor es que en las negociaciones de la semana pasada lo que hemos visto es que el PP quiere ascender a un juez que les está juzgando en estos momentos. Por tanto quiere comprar jueces, y quiere vetar a los jueces que son valientres contra la corrupción del PP. Son prácticas mafiosas que desde Unidas Podemos no vamos a tolerar" concuía, elevando el tono.

Fuentes de la formación morada aseguran que más allá de los nombres propios el problema estriba en el veto del PP a que Podemos pueda designar a vocales del CGPJ. "No es un problema con De Prada, si Podemos propusiera a cualquier otro juez, el PP diría que no" afirman. Pero aseguran que no pasarán por eso, y que si Sánchez se plegase podría suponer la ruptura del Gobierno de coalición.  

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