Profesores de la Academia de Policía de Ávila admiten al juez que aprobaron a alumnos suspendidos

El comisario jefe de estudios y el inspector jefe responsable del departamento de ciencias jurídicas de la Escuela Nacional de Policía Nacional de Ávila han admitido ante el juez haber aprobado exámenes de alumnos de la academia que estaban suspensos.

Según su declaración, la cual ha podido conocer EL ESPAÑOL, ambos investigados respondieron este viernes ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ávila, quien trata de comprobar si incurrieron en los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones. 

Los dos confirmaban lo publicado durante la pasada semana por EL ESPAÑOL, reconociendo que en los exámenes del pasado mes de junio, los de la XXXV promoción, se difundió tácitamente una orden -nunca se llegó a dejar por escrito- según la cual a aquellos aspirantes que obtuvieran en cada examen un 4 o más no había que suspenderles, sino concederles a todos ellos un cinco.

La investigación del juez comenzó tras la querella interpuesta por un subordinado al que se le habría ordenado, como al resto de docentes del centro, tomar esa decisión. Ambos profesores admitieron sin reparo ante el magistrado haber modificado esas calificaciones. 

1.200 exámenes suspendidos

El profesor que acudió a la justicia para denunciar los hechos constató, en el examen de su asignatura, que eran cinco alumnos que habían suspendido con notas comprendidas entre el 4 y el 5. Siete días después, los aspirantes de la Academia tenían que hacer el examen de recuperación. El docente se percató de que esos estudiantes no estaban en la lista. Nadie les había avisado, por tanto, de que debían volver a presentarse.

El querellante se dirigió a su despacho para revisar las notas en la plataforma y se sorprendió al constatar que todos ellos figuraban como aprobados. Acudió al jefe del departamento para informarle del problema, pero este le restó importancia: "No te preocupes del tema, está solucionado".

Los dos querellados, según apunta el abogado Antonio Suárez-Valdés, letrado del profesor que ha denunciado estos hechos, le dijeron al juez que la cifra de personas a las que se les aprobó determinados exámenes que no habían logrado superar es muy superior a esos cinco exámenes suspensos referidos en la querella inicial. 

El abogado Suárez Valdés dice que los investigados afirmaron ante el juez que en esa promoción hubo 1.200 exámenes suspendidos de todas las asignaturas impartidas a cuyos exámenes los futuros agentes se tuvieron que presentar.

Ninguno de los dos especificó en su declaración cuántos alumnos se beneficiaron exactamente de esta medida. Tampoco concretaron en cuántos de esos controles suspensos la nota estaba comprendida entre el 4 y el 5, la calificación que se requería para beneficiarse de esa suerte de bula generalizada aplicada de manera subrepticia a todos los integrantes de esta promoción.

Grabaciones

En poder del juez obra, además, una serie de grabaciones aportadas a la causa, publicadas la semana pasada por EL ESPAÑOL, en las que se detalla el modo en que se habrían producido las presuntas presiones haci algunos de los docentes. "Decidlo vosotros por ahí, al resto de profesores para que se enteren", le comentó al querellante uno de los responsables en el pasillo de la academia, el pasado 10 de junio.

Él le respondió diciendo que debía ser el jefe del departamento quien diera esa orden. Horas después, acudió al despacho del comisario y jefe de estudios para exponerle lo sucedido y mostrar su desacuerdo.

La transcripción de las grabaciones decía así:

- Si nadie más está de acuerdo… Se ve que tengo un criterio distinto.

- Pues muchas gracias, me gustaría que fueras un poquito más flexible.

- No, flexible...

-Que colaborases más con la institución...

-Lo que no voy a colaborar es que si tiene un cuatro yo…

-No, si me ha quedado claro que tú no vas a hacer absolutamente nada.

"Alteración del escalafón"

El abogado de la acusación remarca que se ha producido "una alteración manifiesta del principio de mérito y capacidad, y una alteración manifiesta de los criterios que rigen en materia de escalafonamiento en el ámbito de la Escuela".

Esta circunstancia conlleva, a su juicio, "unas consecuencias muy nocivas para aquellos alumnos que, de una manera más meritoria, habían superado esas asignaturas en el examen correspondiente y que han visto alterada la relación de escalafonables que tenían en ese parcial".

La solución por la que optó uno de los investigados, según sostiene el letrado, "no consta en ningún tipo de resolución ni de acta, no consta consensuado con la universidad (...) y no consta, sobre todo, de ninguna manera, con la Dirección General de la Policía".

Tras la declaración de este viernes, el juez deberá resolver sobre si entiende que en la conducta de los investigados existen "indicios de criminalidad" e inicia un procedimiento abreviado o, por el contrario, acuerda el sobreseimiento del caso.