Fue el pasado 26 de noviembre cuando Pablo Iglesias anunció durante una comparecencia parlamentaria ordinaria que en dos semanas (plazo ya incumplido) estaría listo el decreto sobre desahucios. La sorpresa en el equipo de José Luis Ábalos fue mayúscula, pues apenas se había producido la reunión entre el secretario de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de la vicepresidencia segunda, Ione Belarra, cuando el líder de Podemos hacía el anuncio, por su cuenta y riesgo e informado, obviamente, por Belarra.

A la salida de esa reunión, en la que se trató de acotar el plan anti desahucios a la duración del estado de alarma, hasta mayo próximo, Lucas advirtió a Belarra que había que consultar con Economía y, sobre todo, con el Ministerio de Justicia, para evitar que las medidas acordadas pudiesen ser en el futuro invalidadas.

Según fuentes del Ministerio de Ábalos, ni en ese momento ni posteriormente la parte podemita del Ejecutivo estuvo conforme: “Crean un ruido mediático que perjudica la negociación” aseguran, si bien confían en que el decreto pueda salir adelante antes de que termine el año, incluso antes de Navidad. Podemos se enroca contra los propietarios, a los que no acepta compensar por los desahucios. 

Las mismas fuentes insisten en que la limitación del derecho de propiedad, aunque sea por un periodo limitado y aunque sea a un gran tenedor de vivienda, es un asunto que tiene que estar muy atado judicialmente, evitando la discrecionalidad por parte del Estado a la hora de tomar la medida.

Lo cierto es que establecer los parámetros concretos para compensar económicamente a los propietarios es ahora mismo el último gran escollo para que haya un acuerdo, en el que ambas partes, a pesar de los pesares, confían. Aunque a estas alturas ya está claro que es de las negociaciones que más han tensado las costuras del Gobierno de coalición.

Escalada de tensión

La cuestión de los desahucios viene generando una fuerte tensión entre los socios de Gobierno desde hace semanas. El acuerdo parecía cerca despues de que el mismo Ábalos apuntara a la posibilidad de abordarlo en el próximo Consejo de Ministros ya que solo quedaban los flecos relativos a ajustar aspectos jurídicos.

Por las información deslizadas por los partidos de la coalición parece no ser así. Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus. 

Todo comenzó cuando, a finales de octubre, Unidas Podemos volvió a plantear, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previos a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.

Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario de la formación morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado morado recalcaban que era un asunto prioritario como medida sanitaria y desde el plano de protección social.

A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.

El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma.

Ese consenso pautaba abarcar a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y encargaba a las comunidades autónomas ofrecer la opción de realojo en forma de vivienda digna, cerrando la puerta a derivar a las familias en albergues o centros de acogida.

Otro punto de fricción, más profundo si cabe, es la prohibición de cortes de suministros básicos, que estuvo vigente hasta finales de septiembre, y que Unidas Podemos aspira a recuperar. De hecho, el lado morado del Ejecutivo buscaba vincular ambos asuntos pero finalmente se desligaron para desatascar en primer lugar los desahucios.