Castilla y León y Andalucía han sido las últimas autonomías que han pedido al ministerio de Sanidad que se desarrollen herramientas jurídicas que permitan autorizar un confinamiento domiciliario en el caso de que fuera necesario. La solicitud llegó al Consejo Interterritorial el mismo día que Pedro Sánchez tuvo que desdecirse y anunciar la reducción en el precio del IVA al 4% y que los viajeros que quieran entrar en España vengan acompañados de una prueba PCR negativa.

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El Gobierno considera que aún no ha llegado el momento de pensar en restricciones más severas de cara a que los ciudadanos deban permanecer aislados en sus casas, como pasó en primavera. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió más tiempo a las autonomías que simplemente han reclamado al Ejecutivo central que se trabaje ya en dotar a los Ejecutivos autonómicos de herramientas jurídicas por si se necesita aplicar un confinamiento domiciliario. 

El ministro, sin embargo, volvió a insistir en que se necesita más margen de tiempo para que las medidas desplegadas funcionen antes de sentarse a negociar los términos de una vuelta al confinamiento domiciliario, aunque reconoció que la situación es "preocupante" y "tardaremos meses en corregirla". Las primeras autonomías que solicitararon un marco legislativo apropiado para confinar fueron Asturias, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Las mascarillas

La presión social sobre el elevado coste de las mascarillas ha obligado al Gobierno de Sánchez a rectificar en apenas unas horas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en el primer debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el IVA pasaría del 21% al 4% y que se reducirá su precio máximo de venta. Hasta unas horas antes, el Ejecutivo mantenía que era imposible rebajar este precio porque lo impedía la Comisión Europea. 

Todo cambió "a última hora" del martes, cuando el ministerio de Hacienda recibió una carta de la Unión Europa donde se informaba que no se multaría a  España por bajar el IVA de las mascarillas, un bien de primera necesidad en tiempos de pandemia. 

En pleno debate presupuestario se informó de que España exigirá una prueba de PCR negativa 72 horas antes de aterrizar a aquellos pasajeros que vengan de países que sean zonas de alto riesgo por Covid. La Comunidad de Madrid celebra la medida que lleva solicitando desde hace seis meses al Gobierno central para controlar las llegadas al madrileño aeropuerto de Barajas. "Lo anuncian seis meses después de que lo pidiera Madrid. El 10 de junio el consejero envió la primera carta al ministro", relatan fuentes del Ejecutivo madrileño.

El 0,08%

El ministro Illa ha subrayado que, en cualquier caso, los casos positivos importados solo representan el 0,08% de los casos detectados. El Formulario de Control Sanitario que todo viajero procedente de países de riesgo debe cumplimentar antes de su entrada a España recogerá a partir de ahora una pregunta sobre si se dispone de esta prueba, que se deberá presentar con el documento original en formato papel o electrónico y redactado en español o inglés.

Cuando el Formulario no se haya podido cumplimentar telemáticamente, a través del código QR generado a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH, se podrá presentar en formato papel antes del embarque. En este caso, deberá ir acompañado con el documento acreditativo original de la realización de la prueba diagnóstica.