La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha comenzado los trabajos para derogar la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2015 y permitir, así, que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres.

En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero ha avanzado que se modificará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluirá el derecho a las "formas más novedosas" de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.

El objetivo del Gobierno -ha dicho la ministra de Igualdad- es que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Para conseguirlo, el Ejecutivo quiere derogar la reforma introducida por el Gobierno del PP en 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo.

Además, Montero ha avanzado que se dará un peso central a la educación sexual como una herramienta que permita vivir vidas libres de violencias.

Reacciones

El anuncio de la ministra ha tenido diferentes respuestas entre los partidos de la oposición y mientras desde el grupo republicano han trasladado su apoyo y han urgido al Gobierno a modificar cuanto antes la ley del aborto, la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio ha opinado que el Ejecutivo "ha equivocado la mirada en un momento como este".

La diputada de Vox ha afirmado que cambiar la ley del aborto supone seguir "implantando la agenda supremacista de mujeres". Durante su turno de palabra, la representante de Vox le ha recordado a la ministra que el "8-M fue una bomba vírica radioactiva".

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Andoni Aguirretxea ha advertido a la ministra que la actual ley del aborto ha dado unos resultados magníficos y ha sido fruto de "importantes consensos" a los que costó mucho llegar.

"No me parecería muy edificante que se pudieran romper los consensos que llevaron a aprobar la ley tal y como está", ha avisado.

"Violencia machista"

Asimismo, la ministra también ha avanzado la intención del Gobierno de extender la atención integral que reciben las víctimas de violencia de género a las víctimas de toda "violencia machista", como las agresiones sexuales o la explotación sexual.

Se hará a través del que ha llamado Plan España te protege contra la violencia machista e implicará incrementar los servicios de asistencia telefónica y digital a las víctimas, los dispositivos de control telemático de agresores y la construcción de cincuenta centros de atención integral, entre otras medidas.

Montero ha enmarcado este proyecto en el Plan de Recuperación para España diseñado por el Gobierno y ha abogado por contar con "una agenda feminista para la reconstrucción del país".

Ha defendido en este contexto la necesidad de aplicar la perspectiva de género en los proyectos que se financien con los fondos europeos y de consolidar "un vector morado", feminista, que acompañe a la transición digital y a la transición verde.

"Si no hacemos nada, las mujeres serán las que lleven sobre sus cuerpos, sobre sus hombros, la peor parte del peso de esta crisis", ha manifestado Montero, quien ha denunciado que en crisis pasadas las políticas de igualdad fueron esquinadas al considerarse que no formaban parte de "lo fundamental".

Pero la pandemia ha confirmado como esenciales empleos que eran poco valorados, los que tienen que ver con los cuidados, los sanitarios, la limpieza o las trabajadoras del hogar, ha destacado.

Montero se ha mostrado optimista ante los proyectos que presentará España dentro del plan de reconstrucción y ha puesto como ejemplo la apuesta por universalizar la educación de 0 a 3 años, con un impacto específico en la inserción laboral de la mujeres.

La ministra, que ha recalcado que las medidas feministas no sólo son importantes para las mujeres, sino que redundan en bienestar y eficiencia económica, ha apostado por que los próximos Presupuestos Generales del Estado recojan un aumento del 15 % en la financiación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.