Valencia

Un gasto adicional de 90 millones de euros en los próximos años, que para un ayuntamiento como el de Valencia (cuyo presupuesto anual ronda los 900 millones) es un montante considerable. Esta es la cifra que se juega el consistorio este jueves en el Congreso de los Diputados, según el cálculo que realiza para el EL ESPAÑOL el concejal de Hacienda de la ciudad, el socialista Borja Sanjuán.

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El decreto ley que va a ser sometido a votación en la cámara baja responde al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para destinar los remanentes municipales a hacer frente a la pandemia, una norma que el PP pretende tumbar al discrepar frontalmente del sistema ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la redistribución de estos fondos.

Valencia, según desglosa el edil, dispondría de 40 millones de euros adicionales para gastar durante los ejercicios 2020 y 2021, provenientes de la aportación de 5.000 millones de euros que se ha comprometido a realizar el Estado. De estos 40 millones, más de 30 le corresponderían por su peso poblacional y, el resto, por ser uno de los municipios que aporta sus remanentes al fondo -ya que es uno de los consistorios que brindaría su superávit-. 

Además, el ayuntamiento recibiría otros 15 millones más correspondientes a las ayudas al transporte municipal (de cuyas pérdidas el Ejecutivo se ha comprometido a cubrir un tercio). Este montante también llegaría para gastar entre el presente ejercicio y 2021, de modo que el total para invertir durante los próximos meses ascendería a 55 millones de euros.

Pero Sanjuán subraya además que, en función de lo estipulado en el decreto ley, al Ayuntamiento de Valencia le correspondería la devolución en un plazo de entre 5 y 10 años de un total de 36 millones de euros por los remanentes aportados, una cantidad que, de no existir el acuerdo que se propone, tan solo podría destinar a amortizar deuda.

En suma, la capital del Turia lograría a la larga -según el cálculo de Sanjuán- un gasto extra de más de 90 millones de euros.

Dudas y críticas

Hasta aquí la versión del PSPV municipal, comandado por la vicealcaldesa Sandra Gómez, que no es exactamente la misma que la de su socio Joan Ribó (Compromís). El alcalde de Valencia subrayaba este martes que, con el fondo de 5.000 introducido por el Gobierno, la propuesta inicial ha mejorado pero “todavía no es suficiente” para obtener el apoyo de la formación.

Quien seguro votará en contra es el PP, que considera que “los ahorros de los valencianos tienen que quedarse en la ciudad”, según manifestó esta semana la portavoz municipal de los ‘populares’, María José Catalá. Su partido reclama la retirada del decreto y empezar una nueva negociación.

Por su parte, formaciones como Unidas Podemos, ERC o el BNG plantearon como alternativa la derogación de la Ley de estabilidad Presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que es la norma que impide el libre uso del superávit. Pero su reforma es compleja, pues requiere la mayoría absoluta del Congreso.