El Ministerio de Igualdad ha creado el Consejo de Participación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), según recoge que este sábado el BOE.Su objetivo es articular un marco estable de colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil en materia de igualdad de trato.
Este organismo, colegiado y dependiente del ministerio que dirige Irene Montero a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, tiene como fin "canalizar y analizar" las propuestas relacionadas con las políticas LGTBI así como el fomento y promoción "de la igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas LGTBI".
Este Consejo de Participación LGTBI deberá realizar anualmente un estudio en el que se analice la situación de las políticas LGTBI, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.
Coste cero
Además, la creación de este organismo no supondrá un incremento de gasto público y se utilizarán dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Igualdad. "En ningún caso podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado", explica el BOE.
La finalidad del Consejo también es dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas de LGTBI. Además, con la creación de este Consejo se pretende "institucionalizar" la colaboración entre las administraciones públicas y estos colectivos más vulnerables y fortalecer el "dialogo permanente".
Mandato de tres años
Este Consejo estará formada por una presidencia que será nombrada por el Ministerio de Igualad entre personalidades de reconocido prestigio en el campo de la promoción de la igualdad de trato, la participación social y la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI. La duración de su mandato será de tres años.
Contará con dos vicepresidencias, la primera será ejercida por la persona titular de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y la segunda será elegida por y entre las personas que ejerzan las vocalías designadas en representación de las organizaciones y asociaciones. La duración de estos mandatos también será de tres años.
Habrá, además, 30 vocalías, 10 de ellas en representación de la Administración del Estado y de otros tantos ministerios. También habrá vocalías en representación de las comunidades autónomas, entidades locales, universidades, organizaciones empresariales, fundaciones, organizaciones sindicales y asociaciones del ámbito LGTBI.