"Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto, por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública". En esos términos se dirigió Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, el día 6 de marzo, tan solo 2 días antes de la manifestación del 8-M, a los representantes de las iglesias evangélicas ante el congreso Unlimited 2020 que estos querían organizar esa misma semana.
Era la segunda vez en menos de 24 horas que los representantes sanitarios se dirigían en esos términos a estos representantes religiosos. El día anterior, en otra reunión de similares características, les manifestaron otra vez más, de un modo "taxativo", la imposibilidad de celebrar ese evento.
Este y otros episodios aparecen recogidos en el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre la manifestación feminista del 8 de marzo que provocó el lunes el cese fulminante del general Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Benemérita en Madrid. Su unidad investigaba los hechos a raíz de la petición de la jueza Carmen Rodríguez Medel.
Lea el informe íntegro de la Policía Judicial de la Guarcia Civil sobre el 8-M
Los agentes analizan 177 concentraciones convocadas en la la región entre el 5 y 14 de marzo. Los investigadores concluyen que "a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación” por el avance ya imparable de la pandemia.
83 páginas
El informe consta de 83 páginas, divididas en seis partes: la evolución de la amenaza del Covid-19 y las recomendaciones de los organismos internacionales ante la amenaza, la documentación aportada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la documentación aportada por la Delegación del Gobierno, la documentación aportada por el Ayuntamiento de Madrid, un análisis de las cuentas oficiales de Twitter de la Delegación del Gobierno, y las conclusiones sobre la investigación.
A partir del 5 de marzo, dada la cantidad de avisos internos y cancelaciones de eventos en las semanas anteriores, los agentes concluyen que tampoco se deberían haber celebrado unas manifestaciones y cancelado otras. Según los investigadores , en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".
En él se detallan las recomendaciones en las que se analiza las declaraciones de personalidades que acudieron al 8-M, la insistencia de Simón en repetir lo peligroso del coronavirus y las declaraciones de promotores de manifestaciones, como los representantes de la Iglesia Evangélica, a los que el Instituto Armado ha interrogado para que explicaran las razones por las que sus eventos fueron cancelados.
"Prohibición"
A esa reunión, por ejemplo, asistieron Ministro de Sanidad, Salvador Illa; el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el Secretario General de Sanidad, Faustino BLANCO, y la Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Yolanda Fernández. También estaban presentes los dos representantes de Iglesias Evangélicas.
En la reunión, se explica en el informe, Fernando Simón les explicó la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios, haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional, mostrando datos de los seguimientos estrictos que se efectuaban sobe los contagiados, pidiéndoles a continuación la suspensión de las reuniones de pastores evangélicos, motivando la medida en la movilidad del colectivo y reunir los requisitos de riesgo incidiendo en que "no se podía celebrar de ninguna manera". Arrojaban para ello el dato de que, en aquel momento, se conocían 22 casos de contagiados en España.
Ante la negativa inicial de los representantes evangélicos y la necesidad manifestada de un escrito de representantes de Sanidad prohibiendo el evento, les indicaron "que una recomendación de Sanidad en los términos en los que se le habían hecho tenía un carácter imperativo, pudiendo tenerse en cuenta como equivalentes a una prohibición".
"Conciencia del peligro"
El informe es meridianamente claro en sus conclusiones. Esas recomendaciones "imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de estos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".
130 manifestaciones se celebraron en aquellos días, 35 fueron desconvocadas, 12 por mediación de la delegación del Gobierno "mediante llamada telefónica". Hubo otras ocho que no se desarrollaron 8, y cuatro más de las que los agentes de la Benemérita no pudieron hallar que constase dato alguno.
"Se ha constatado que la delegación tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado alarma". Existen incluso llamadas de la delegación del Gobierno para "sondear su intención de cancelar las mismas (manifestaciones) ante la grave situación sanitaria generada por el Covid-19". Sin embargo, no existe registro de esas llamadas.
“La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran".
Sin embargo, tal y como consta en el documento, ese mismo domingo permitieron la manifestación del 8-M pese a que las estimaciones de afluencia rondaban el millón de personas. Decenas de actos de la primera quincena de marzo fueron cancelados, y Simón decía, en rueda de prensa pública que "si mi hijo me pregunta si puede ir al 8-M, le diré que haga lo que quiera".