El Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha pedido por escrito al Ejecutivo central que proceda al traslado a País Vasco de los alrededor de 330 presos vascos o con arraigo en la Comunidad Autónoma, que están distribuidos en diferentes centros penitenciarios del Estado, de los que más de 200 son de ETA. Para ello, alega razones sanitarias a consecuencia de la pandemia del coronavirus y ha pedido su traslado a las cárceles de Basauri (Bizkaia), Martutene (Gipuzkoa) y Zaballa (Álava).

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En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Fernández ha señalado que ha realizado un análisis de la situación y del nuevo contexto surgido por el Covid-19, "que se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente, a lo largo del próximo año y medio".

"Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos, hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en el País Vasco diseminados por diferentes cárceles fuera del País Vasco y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita", ha indicado.

A su juicio, esto, "que ya sería cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y post-pandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública".

"Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de la comunidad autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecienta el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía", ha indicado.