Compromís ha reclamado esta semana al Gobierno que garantice la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios "no respetada en los convenios exclusivos con la Iglesia Católica", en ciudades como Ceuta o Melilla donde "la religión con más seguidores no sería la católica". El portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, ha presentado dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica sufragada con dinero público, ante el revuelo generado por la propuesta, Mulet ha dicho en Twitter que "cada cual se pague sus vicios", levantando aún más polvareda.

Según Mulet, que ha tenido que salir al paso de las críticas, su objetivo "no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios", ha defendido en un comunicado.

Aunque el Instituto Nacional de Salud desapareció en 2002, con la transferencia de la competencia a las comunidades autónomas, Compromís recuerda que el Gobierno solo presta este servicio directamente en Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), "justamente ciudades donde la religión con más seguidores no sería la católica, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)".

Por ello, la coalición quiere saber qué cantidad ha destinado el Gobierno desde 1986 de dinero de la Administración General del Estado para asistencia religiosa, en qué hospitales o centros sanitarios, y para que confesión religiosa.

Para Compromís, el convenio de 1986, sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud, "atentaba contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución".

En este acuerdo "se garantizó por parte del Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, pero no la asistencia al resto de confesiones o sectas religiosas". "La asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna", recalca.

Se trata de un convenio que, a su juicio, "contradecía el artículo 14 de la Constitución, en cuanto a la discriminación a los españoles según su religión, o el 16 porque solamente se colabora con una religión de las existentes en el Estado".

La coalición insiste en que "la asistencia religiosa no forma parte de lo estipulado en artículo 43, en cuando a los derechos reconocidos a la salud". "Es más, ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina", advierte.