El PSOE y el Gobierno acogieron con júbilo este martes el fallo del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Francisco Franco. Los socialistas esperaban que el Alto Tribunal diese luz verde al traslado de los restos del dictador, pero no las tenían todas consigo respecto al emplazamiento en el que podrían reposar definitivamente ni la contundencia del pronunciamiento. Finalmente, Franco podrá ser enterrado en Mingorrubio-El Pardo, lejos del centro de la capital y la catedral de la Almudena, adonde su familia reclamaba llevarlo si no podía seguir en el Valle de los Caídos. Además, la decisión se tomó por unanimidad y los seis magistrados se ajustaron a un mismo criterio. En Ferraz se improvisó una fiesta. Literalmente.
Los socialistas creen que la decisión del Supremo es un espaldarazo a su visión sobre la memoria histórica, que quedó plasmada en una proposición de ley registrada este mes de julio en el Congreso de los Diputados. La iniciativa duerme el sueño del bloqueo institucional, ya que con la disolución de las Cortes, firmada este mismo martes por el Rey, decae automáticamente y deberá ser presentada de nuevo tras las elecciones para iniciar desde cero su tramitación.
En ella (aquí en pdf) se encuentran numerosos detalles sobre los planes del Ejecutivo. Entre ellos está crear un “día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas”, previsto por la iniciativa para el 31 de agosto. Cuando el PSOE dice “todas” se refiere, según el texto del articulado, a “las víctimas del golpe militar y la Dictadura, coincidiendo con el aniversario del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución española en sendas sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado”, según se puede leer en el artículo 6 de la proposición.
La efeméride puede chocar, ya que el día de la Constitución, un festivo de ámbito nacional, se celebra anualmente el 6 de diciembre, cuando se aprobó en un referéndum. El “día del recuerdo” pretende, pues, destacar el día en el que los representantes políticos votaron en el Congreso en favor de la Carta Magna, la primera democrática desde el golpe de Estado de Franco. La fecha coincide también, como destaca la iniciativa legislativa, con la aprobación en la Cámara Baja de la conocida como Ley de Memoria Histórica.
Los socialistas llevaron en su programa electoral para el 28 de abril un amplio capítulo sobre la memoria histórica. El documento de 370 medidas que presentaron a principios de este mismo mes, con el objetivo de servir como base para un acuerdo de investidura con Unidas Podemos, también contenía el 31 de octubre como día para recordar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
"Cuanto antes"
“Culminaremos el proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y resignificaremos este espacio público. Asimismo, retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, se puede leer en el documento. Según dijo este martes la vicepresidenta, Carmen Calvo, la promesa de exhumar a Franco no habrá necesitado un Gobierno con funciones plenas, ya que el actual Ejecutivo pretende acometerla “cuanto antes”, incluso antes de que comience la campaña electoral.
Los planes socialistas también incluyen dotar al Valle de los Caídos de un nuevo régimen jurídico para relevar la gestión religiosa y de la Fundación de la Santa Cruz Del Valle de los Caídos que ostentan actualmente la titularidad. Las habituales concentraciones de homenaje del 20 de noviembre, fecha de la muerte del dictador, quedarán prohibidas, así como que en El Valle de los Caídos reposen cuerpos que no sean los de víctimas de la Guerra, algo que obligaría a retirar los de José Antonio Primo de Rivera, que se encuentran en la basílica benedictina.
La proposición de ley socialista contiene muchas más indicaciones acerca de cuáles pueden ser los próximos pasos en caso de que Sánchez logre la investidura. Entre ellos está el compromiso de una exhumación “gradual” de las víctimas enterradas en cunetas o fosas comunes. Se calcula que sólo en El Valle de los Caídos puede haber 33.000 y que algunas pueden ser muy difíciles de identificar. En el conjunto del país superarían los 100.000.
Para facilitar el trabajo, el PSOE quiere que el Gobierno difunda datos anuales de las exhumaciones, cree un banco nacional de ADN, un censo nacional de víctimas y colabore con otras administraciones, que en algunos casos dedican más esfuerzos que la Administración General del Estado. La reforma de la Ley de la memoria histórica también incluye un Consejo de la Memoria, la retirada de placas y homenajes franquistas, la introducción de contenidos educativos sobre la materia, el reconocimiento y homenaje de las víctimas (y, en su caso, el pago de compensaciones), la difusión pública de material de sensibilización y un régimen sancionador.