Las elecciones generales fueron el 28 de abril, hace 54 días. Pedro Sánchez es el candidato a la investidura propuesto por Felipe VI desde hace exactamente 15 días. Una vez cumplidos todos los requisitos tasados en la Constitución, corresponde a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, fijar la fecha del debate de investidura, tal y como recoge el artículo 170 del reglamento de la Cámara. Y eso es algo que suele hacerse de acuerdo con el candidato. Sin embargo, ninguna previsión legal indica plazo alguno para la convocatoria del pleno, por lo que sobre el papel podría retrasarse indefinidamente. 

En otras palabras: casi dos meses después de las elecciones generales, España sigue sin tener nuevo Gobierno, sin tener un acuerdo para conformarlo y sin un pleno de investidura donde se midan los apoyos. Celebrar una investidura, aunque Sánchez no reciba el apoyo del Congreso, sí activaría un plazo de dos meses hasta la disolución automática de las Cortes y unas nuevas elecciones. Eso si ningún candidato recibe antes la confianza de la Cámara. 

Este viernes, en Bruselas, Pedro Sánchez ha eludidido confirmar cuándo se presentará a la investidura. Desde su Gobierno se ha hablado de julio (primero finales de junio, después principios de julio y ahora julio a secas), pero Sánchez ha preferido no mentarlo en una rueda de prensa tras el Consejo Europeo. 

"¡No lo voy a decir aquí en Bruselas!", ha exclamado. "Ya lo diré", ha dicho después. 

Las negociaciones, paralizadas

En estos momentos, Sánchez no tiene garantizados los apoyos. En estos casi dos meses desde la investidura sólo ha sellado un acuerdo con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que suma un diputado a los 123 del PSOE. Compromís parece muy dispuesto al pacto, el PNV, con reservas, también. Y con Unidas Podemos las negociaciones están en punto muerto por la exigencia de Pablo Iglesias a contar con ministros en el Gobierno y el no taxativo de Sánchez. Pero incluso con todos esos apoyos, que aún no están cerrados, Sánchez seguiría sin tener mayoría salvo que se abstengan partidos independentistas como ERC, EH Bildu o Junts per Catalunya. 

"Los españoles votan para que haya Gobierno y quieren que lo lidere el PSOE", ha dicho Sánchez en Bruselas. "¿La alternativa a un Gobierno del PSOE cuál es? El bloqueo, la paralización. España no se lo merece, cuando además no hay alternativa", ha recordado. 

El precedente de 2016

Este es uno de los mensajes más repetidos desde el Ejecutivo. En 2016, el PP reclamaba al PSOE que se abstuviera y eso rompió a los socialistas, provocando la renuncia a todos sus cargos del propio Sánchez. Pero entonces sí había alternativa, como demostró la moción de censura dos años después. Ahora, PP, Ciudadanos y Vox suman menos que el PSOE y Unidas Podemos, imposibilitando una investidura alternativa, como han reconocido tanto Pablo Casado como Albert Rivera y Santiago Abascal. 

Sánchez ha pedido a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos", los tres partidos con "capacidad real de facilitar o bloquear la investidura" que opten por lo primero. "En la responsabilidad compartida que tengan ellos tres está también que España tenga un horizonte de estabilidad", ha advertido con palabras muy similares a las que Mariano Rajoy dedicaba al PSOE en 2016. A los tres partidos ha pedido Sánchez que "ejerzan ese sentido de Estado y faciliten la investidura". Sin embargo, sólo negocia con Unidas Podemos.

Minutos antes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, pidió de nuevo a PP y Ciudadanos que se abstengan por una "cuestión de Estado". Celaá aseguró en Madrid que toda conversación con ERC será "en el marco de la Constitución", pero aseguró desconocer si está habiendo contactos. 

La portavoz sí nombró "julio" como mes para la investidura, pero sin aportar ninguna garantía. "Seguimos esperando que la investidura sea en julio y se está trabajando para que sea así", según Celaá. En cualquier caso, depende del presidente del Gobierno. Él tendrá que decidir si mantiene la actual situación o se somete a una investidura tenga o no los apoyos. Eso supondría poner en marcha el llamado "reloj de la democracia" que marca dos meses desde la primera votación hasta la disolución automática de las Cortes y la repetición de las elecciones.