Rafael Marcos llevaba ya casi cuatro años sin ver a su hijo con normalidad cuando decidió sentarse frente al ordenador y pedir auxilio a los jueces; aquellos en los que había confiando desde siempre. Aun después de años de denuncias injustas, de acusaciones falsas sobre abusos sexuales, de establecer un régimen de visitas que nunca se cumplía, él mantenía su doctrina de respetar la Justicia. Tanto que en su espera, mientras la burocracia inundaba el caso de papeles y pasaban los años sin ver a su hijo, su expareja cogió y se echó al monte sin dejar rastro.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la primera carta del padre directa a los jueces llegó el 22 de abril de 2015. En esas fechas, los peritos ya indicaban que su pareja podría tener un problema mental y que su hijo estaría mejor bajo su cuidado. Sin embargo, lejos de esa decisión, su pareja ni siquiera cumplía el régimen de visitas. Nada. Ni una sola vez dejó a su padre reunirse con el menor tal y como marcaban los jueces. Y eso sin recibir sanción alguna al respecto.

"No se porque un equipo psicosocial dice que mi hijo está mejor conmigo o oncluso en un centro de acogida antes de con su madre, que ella debe ir a un centro de salud mental y todavía siga con ella. Tampoco entiendo que se dicte una resolución muy contundente y específica dejando claro que al primer incumplimiento habrá consecuencias y que ya llevemos muchísimos incumplimientos y sigamos exáctamente igual", explica el padre del menor en su misiva al juez. 

"Me han acusado de lo peor que se puede acusar a un padre"

Rafael vivió un camino de denuncias injustas, de presiones, de procesos judiciales encadenados y sobre todo, de ausencia de su hijo. Tanto que pese a tener la custodia por orden judicial desde abril de 2017, tuvo que acudir de nuevo a otro procedimiento judicial para que la decisión se hiciera efectiva. Fue entonces cuando María Sevilla cogió al niño y se borró del mapa, hasta que la Policía Nacional la encontró el pasado 1 de abril escondida junto al niño en una finca rural de Tarancón (Cuenca).

"¿Qué más tiene que pasar?" le preguntaba el padre a la juez que llevaba su caso dos años antes de este suceso. "Es un sinvivir, no saber absolutamente nada de la persona que más quieres en el mundo. Que no sepa cuándo le vas a poder ver, no poder hablar con él, no saber cómo está si no es por el pediatra o por el colegio ... No se hasta cuándo se le va a permitir a María que siga con esta actitud desafiante y sinceramente me inquieta, indigna y sobre todo me preocupa", alertaba el padre en su escrito transmitido al juzgado. 

"Se me ha insultado, se ha faltado a mi honor, a mi integridad moral, se me ha acusado de lo peor que se le puede acusar a un padre que gracias a la Justicia se ha resuelto, pero que ha servido, como quiere María, para estar más tiempo separado de mi hijo [...] Lo que más me duele de todo esto no es estar separado de mi hijo, que ya es durísimo, sino que nadie ayude a S. y le rescate del ambiente y mezquindad en la que se está criando ¿Quién se hará responsable de las secuelas de dichas vivencias van a dejar en él?", se preguntaba Rafael en un escrito que nunca obtuvo respuesta. 

Lejos de eso, el proceso siguió su curso por los mismos cauces, los de una Justicia que le daba la razón formal pero que en el fondo seguís sin poner los medios para que sus decisiones se hicieran efectivas. 

Una segunda carta

En septiembre de 2017, el padre del chico volvió a pedir auxilio a los jueces, esta vez más alertado si cabe. En esas fechas, los tribunales le habían dado ya la custodia de S. pero su expareja, presidenta de una asociación en defensa de la infancia, lejos de entregárselo, estaba en paradero desconocido.

Rafael intentó conocer sin éxito cualquier dato de su hijo por medio del colegio donde estaba matriculado, un centro de Jaén al que el niño ya no acudía. Solo consiguió saber que el menor había estado de baja todo el curso anterior por una supuesta alergia a los olivos que pueblan la localidad. De ahí, María Sevilla se marchó a Málaga, donde se le perdió el rastro. Desde entonces, vivió escondida con su hijo, una niña menor y su actual pareja. Cuando los agentes de la Policía Nacional la detuvieron en una finca de Cuenca, aseguraron que la pequeña se acercó a olisquearles de una forma similar a la de un perro. 

En su escrito, el padre alerta de que su hijo tiene necesidades especiales a la hora de acudir al colegio, que su pareja no está capacitada para impartir la educación especial que requiere y que por su edad, 10 años en esas fechas, su escolarización es obligatoria. Algo que no ha sucedido ya en ese momento, que el niño no estaba matriculado en ningún colegio del país. Para frenar el absentismo, Rafael se vio obligado a presentar una denuncia (otra más) en un juzgado de Jaén que se declaró incompetente para investigar el caso. Otro retraso.

"Después de todo lo acontecido y demorado por parte de la madre y la lentitud de la Justicia le quiero trasladar mi lógico desconcierto y enfado por encontrarme con cosas como problemas de competencia en los juzgados, cosa que ya viví al iniciar todo este litigio, y que para nada benefician a nadie. Sobre todo a mi hijo S."

Pese a estas peticiones de auxilio, la Justicia tardó todavía varios meses en poner a la madre en busca y captura, y otros nueve más localizarla oculta y aislada del mundo, junto al niño que no debía estar con ella.