La asociación sin ánimo de lucro "Hablamos Español" ha publicado un vídeo en el que denuncian la prohibición de la Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, de escribir en español en centros educativos de la Comunidad. Restricción que vulnera, entre otros, el Estatuto de Autonomía y la Constitución.

Emilio Álvarez, profesor del Conservatorio Profesional de Vigo, cuenta su experiencia a través del vídeo y manifiesta que todo comenzó cuando, durante una evaluación de calidad del centro donde trabaja, los inspectores detectaron una anomalía: Un acta oficial estaba redactada en español. 

Según los inspectores, el español no era la lengua requerida por la administración, por lo que, a partir de ese momento, la dirección del conservatorio exige a sus empleados "una redacción exclusiva en lengua gallega de toda la documentación del centro. Incluidos informes, plantillas, programaciones, etc". 

Esta medida fue protestada por Álvarez, que se negaba a reconocer "como propia ninguna traducción de textos míos escritos en la lengua oficial del Estado". 

Sin embargo, ante la queja, el inspector del centro confirmó que la inspección educativa avalaba esta proscripción de la lengua española en virtud de un decreto del año 2010 que dice que "la lengua de la administración educativa y de la documentación académica de los centros ha de ser el gallego con carácter general".

El profesor sostiene que "la inspección interpreta este 'carácter general' con un sentido impositivo que contradice toda la jurisprudencia que hay al respecto. Desde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1996, a una del Tribunal Constitucional de 2010".

"Por supuesto, vulnera también toda la legislación vigente de leyes mayores como la Ley de Normalización Lingüística, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española", añade. Álvarez lo considera como un " atropello a sus derechos", por lo que solicitó por escrito una aclaración sobre esta medida.

Meses más tarde le llegó un documento por parte del Inspector Jefe de la provincia de Pontevedra en el que se recalcaba que "la lengua de la administración educativa sería el gallego tanto para su uso interno como para la relación entre la administración educativa y otras administraciones". De manera que el castellano "se quedaba proscrito". 

Asimismo, ese documento señalaba que "si en caso excepcional y debidamente justificado quisiese escribir en lengua española, tendría que ir acompañada de la traducción pertinente"

En un último punto se le recordaba que la inspección educativa "velaría por el cumplimiento de tales órdenes porque, en caso de desobediencia, tomarían 'medidas correctoras'".

Aunque esas "medidas correctoras, no son una crucifixión, sí pueden ser cualquier tipo de sanción, desde sanciones económicas, aperturas de expedientes... Ellos sabrán", afirma Álvarez.

El profesor recurrió el escrito al jefe territorial de Pontevedra y recibió la misma respuesta, por lo que acudió a la defensora del pueblo en Galicia que admitió a trámite su queja, la cuál no obtuvo ninguna respuesta por parte de la Consellería de Educación.

"En estos momentos estoy todavía a la espera de un informe jurídico completo por parte de la oficina del defensor del pueblo en Galicia", finaliza Álvarez. 

Reprimenda al PP

Esta situación de discriminación hacia los hispanohablantes se produce en la única Comunidad Autónoma bilingüe de España en la que gobierna el Partido Popular, partido que ha destacado por su lucha contra el plurilingüismo.

Un ejemplo es el PP valenciano, que rechazó en 2017 una iniciativa parlamentaria que regulaba y promovía el plurilingüismo. Igualmente, Pablo Casado, propuso a finales de febrero de este año la redacción de una "ley de lenguas" que relegaría los idiomas cooficiales, como es el caso del gallego, a un uso opcional en la administración. 

Por ese motivo, desde "Hablamos Español" han publicado una carta dirigida al presidente el Partido Popular en la que señalan "aspectos importantes que no recoge la propuesta que envió el PP" encaminada a "aliviar la restricción de los derechos lingüísticos que padecen las personas que prefieren usar español".

Algunos de los puntos más significativos de la carta destacan el uso impositivo del gallego por parte de los entes públicos de la comunidad y la falta de asignaturas enseñadas en castellano.

También denuncian las amenazas de expedientar a profesores que usan comunicaciones escritas en castellano con sus compañeros y que las convocatorias a subvenciones o ayudas públicas, se tengan que redactar en gallego para tener todos los puntos. 

Finalmente, piden a Casado que convenza a Feijóo para que retire su apoyo a ordenanzas que no se ajustan al derecho en esta materia como por ejemplo la de Lugo, donde la visibilidad del español está tan excluida que los que quieran cualquier documento en castellano, deben "pedirlo formalmente" por escrito.