La Ley de Educación que prepara el Gobierno de Sánchez renuncia a garantizar el español en las aulas. De aprobarse, permitirá a las comunidades autónomas con lenguas cooficiales regular en qué lengua pueden matricularse los alumnos y en cuál se les evalúa, entre otras competencias.
Según ha avanzado La Vanguardia, esta nueva ley quiere redistribuir la competencia entre el Estado y las comunidades para la determinación del currículo de las materias. Asignará el 55%-65% al Estado en todas las etapas.
La Generalitat volverá a decidir sobre el currículo de las materias y respecto al uso de la lengua oficial, acabando con la obligatoriedad de dar 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a los alumnos en castellano.
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Si al final cristaliza la nueva ley de educación, Sánchez renunciaría de este modo a asegurar el castellano en las aulas en un contexto especialmente delicado por la presencia del separatismo en las instituciones catalanas, por ejemplo.
La nueva ley, que desmantela la de Wert, está inspirada en la LOE, aprobada por el PSOE en 2006. En ella se diseñará, por ejemplo, un plan personalizado para los alumnos repetidores. En estos casos, los profesores podrán decidir si a estos alumnos les imparten contenidos distintos y les hacen exámenes también diferentes al resto de la clase.
No habrá obligación de cursar la asignatura de Religión para quienes no lo soliciten. No se considerá una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato y, por lo tanto, no se tendrá en cuenta para calcular la media en los procesos de acceso a la universidad o becas.
Sí se explícita en el documento filtrado a algunos medios que "hay que garantizar el acceso a todos a una educación en valores cívicos y éticos", cursando una asignatura con este contenido en Primera y en Secundaria.
El proyecto reinstaurará la Selectividad y abrirá la posibilidad de cursar Bachillerato en tres años. Los alumnos deberán elegir el camino que van a tomar en 3º de la ESO, dando prioridad en el régimen de conciertos a los colegios con coeducación.