Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han pedido hoy apoyo a los miembros de ambas carreras para lograr un seguimiento "masivo" de la huelga convocada para el 19 de noviembre tras comprobar que el Ministerio de Justicia sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales.

En un comunicado conjunto, las siete asociaciones recuerdan la huelga que convocaron de forma conjunta el pasado mes de mayo por "el desprecio y dejadez" del Gobierno ante sus "legítimas peticiones" para mejorar la justicia y sus condiciones profesionales y aseguran que, con la llegada del PSOE al Ejecutivo, "todo continúa igual".

"La Justicia sigue denostada. En el proyecto de presupuestos para 2019 nada hace indicar que las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten. La constitución de la Mesa de Retribuciones se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica", denuncian.

Ante este panorama, han decidido retomar la senda de protestas y medidas de presión, "con el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho", aseguran.

La huelga general del 19 de noviembre en la carrera judicial y fiscal, explican, será la primera de esas movilizaciones y, si llegado ese día no hay respuestas "adecuadas", se podrán convocar nuevas medidas de presión en las semanas siguientes.

Jueces y fiscales aseguran que cuando Dolores Delgado fue nombrada ministra de Justicia le ofrecieron colaboración y lealtad, pero le advirtieron también de que su oferta no era "una carta blanca".

El comunicado está firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). 

Según explican, ya han iniciado los trámites necesarios para organizar el paro, con la constitución de comité de huelga, la comunicación del preaviso y la solicitud de servicios mínimos.

En la inédita huelga que protagonizaron juntos el pasado 22 de mayo el Consejo General del Poder Judicial no fijó servicios mínimos al no estar regulado el derecho a la huelga de esos colectivos.

Según los datos de las asociaciones, más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales colgaron la toga ese día, lo que obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados. 

No sólo la huelga de jueces y fiscales puede alterar el trabajo de los jugados este mes de noviembre. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han convocado una huelga de los funcionarios de la administración de Justicia para el 16 de noviembre y los letrados de la administración de Justicia, antes conocidos como secretarios judiciales, protagonizarán un paro de dos horas el día 13.