Así esconde la Generalitat su corrupción: "La auditoría aún es un borrador. Estamos a tiempo"

El consejero de Economía en el Gobierno de Artur Mas, Andreu Mas-Colell, escribió a su sucesor, el vicepresidente Oriol Junqueras, para que enterrara un informe que desvelaba presuntas irregularidades en el Centre de Recerca d'Economía Internacional, un organismo dependiente de la Universidad Pompeu Fabra y de la Generalitat.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el exconsejero de Economía era amigo personal del director de ese instituto, Jordi Galí, uno de los principales salpicados por el documento elaborado por los auditores de la Intervención General de le la Generalitat, dependiente de Junqueras. Así, el 26 de enero de 2017, un año después de salir del Govern, Más-Colell remitió un borrador del informe de fiscalización al líder de Esquerra Republicana con una petición expresa: que el contenido se modificara. "Estamos a tiempo. Es solo un borrador", explicaba.

Según la documentación que obra en poder de este diario, la petición fue remitida desde una cuenta personal de Mas-Colell a la cuenta oficial de Junqueras de vicepresidente de Cataluña y responsable de Economía y Hacienda. "Querido amigo", arranca el escrito "evidentemente no te molestaría si no se tratara de un tema importante [...] Te escribo por un tema relacionado con el sistema de investigación del país, que puede parecer puntual pero que no lo es. En todo caso, es altamente preocupante".

"Te incluyo como anexo un primer borrador de un informe de la Intervención sobre el Centre de Recerca d'Economía Internacional, que tiene como director a Jordi Galí. Creo que si lo lees estarás de acuerdo en que constituye una carga de profundidad explícita contra la persona de Jordi Galí y la institución e, implícita, contra los aspectos singulares del sistema de investigación catalán, que lo hace diferente de un CSIC (no soy alarmista, simplemente sé leer)", avanza el político.

"Siempre he sabido que el blindaje del sistema de investigación que introdujimos en la ley de medidas del año 2011 pedía como acompañamiento una intervención mínimamente empática, y poco o mucho, así había sido hasta ahora. Pero el borrador que te he incluido hace ver que ahora ya no. Te confieso que me subleva tanto la desconsideración personal hacia un académico ejemplar que ha hecho un trabajo imponente y que está entre nosotros exclusivamente por patriotismo (Jordi Galí podría ser profesor en las mejores universidades del mundo) como la satisfacción contenida con la que se menosprecia la legislación catalana porque, se dice, no concuerda con la legislación básica del Estado (pero que, observo, nunca ha sido cuestionada o impugnada por el Estado)". explica Mas-Colell sobre el trabajo de los auditores. 

"Traigo este tema a tu consideración porque, evidentemente, la actitud de la intervención es clave. Si no juega a favor del sistema de investigación, la calidad de ésta se hundirá y lo hará rápidamente. No hace falta que te diga que este tema me importa mucho y que haré todo lo que esté en mi mano para evitarlo. En el caso particular de Jodi Galí añado que fui el responsable, en su momento, de atraerlo a Cataluña y que por tanto me toca hacer todo lo posible, y de aquí este mensaje, para salvar la honorabilidad de la Generalitat (los compromisos se cumplen) así como, ante las insinuaciones difamantes recogidas en el borrador que se anexa [...] El informe es todavía un borrador. Estamos a tiempo". 

Una falta muy grave

Junto a este texto, el exconsejero adjunta un informe de 23 páginas elaborado por la Subdirección General de Control de Empresas y Entidades Públicas, dependiente directamente de la Intervención General de la Generalitat. No explica Mas-Colell en su carta cómo está en poder de ese documento, que es todavía un borrador, ni quién es la persona que se lo ha facilitado, siendo un informe preliminar que ni siquiera ha sido rubricado. De hecho, el documento está firmado el 25 de enero pero el texto enviado a Junqueras fue firmado un día antes: el martes 24.

El documento es una auditoría financiera y laboral de la institución que analiza desde el uso de las subvenciones recibidas hasta las dietas y gastos de personal.  Concluye, por ejemplo, que la política de retribuciones aprobada por el organismo es "nula de pleno derecho", ya que es contraria a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado". 

En otro de los puntos, los auditores analizan un complemento "de retención" que el Centre de Recerca d'Economía Internacional paga a determinados trabajadores. "Según manifestaciones de la entidad, [el complemento se paga] en función de las ofertas recibidas por los investigadores para marcharse a otros centros, pero por el cual no se establece una tabla que fije impuestos mínimos o máximos", explica el borrador del informe. 

Sin embargo, los puntos más comprometidos de la auditoría se centran en la labor del director, Jordi Galí, al que señalan por realizar trabajos para empresas privadas presuntamente incompatibles con su puesto. "Este equipo de control, supervisión y dirección, quiere poner de manifiesto que la normativa de incompatibilidades es una obligación constitucional y su cumplimiento es un deber de las personas que prestan servicios en las entidades públicas". "En este sentido", prosigue el documento, "el incumplimiento debe ser sancionado conforme al régimen disciplinario del personal al servicio de la Generalitat", que considera lo descrito "una falta muy grave".