El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció, al poco de vencer la moción de censura que le aupó al poder, que cumpliría con una de las peticiones que le trasladaban desde los partidos separatistas: el traslado de los presos impulsores del proceso rupturista a cárceles catalanas. Desde el Gobierno de Quim Torra aplaudieron la decisión, no sólo porque tendrían más opciones de dar privilegios a los presos, sino porque en su hoja de ruta tenían previsto utilizar los centros penitenciarios como altavoces políticos de la causa independentista.
Tal y como contó EL ESPAÑOL, las cárceles a las que fueron trasladados los presos -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa- están consideradas como las más tranquilas de Cataluña. En otras palabras, centros cinco estrellas mientras se resuelve su futuro judicial.
Pero estos espacios cuentan con una ventaja política: su proximidad geográfica las convierte en un lugar de peregrinación de políticos y sectores sociales afines a la causa separatista, erigiendo las figuras de los presos como mártires de su causa. A las puertas de las cárceles, los Comités de Defensa de la República (CDR) se reúnen de forma periódica para reivindicar a base de caceroladas la libertad de los políticos.
Torra aboga por volver a hacer "otro 1 de octubre".
La llegada de los presos a sus respectivos centros se revistió de proclamas separatistas. El mismo traslado se ejecutó sobre un camino repleto de lazos amarillos. Junqueras, Romeva y los Jordis llegaron el pasado 4 de julio a la cárcel de Lledoners, mientras que Forcadell y Bassa fueron trasladadas a la de Figueres. Cientos de personas las arroparon en sendos actos en los que se leyeron manifiestos a favor de la liberación de los presos políticos.
En el epicentro de estos actos se ubicaban dos presidents; el de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent. Ambos se repartieron para visitar a los encarcelados. El primero fue a Lledoners y el segundo, a Figueres. A los pocos días repitieron la experiencia, intercambiándose los destinos. Sus visitas estuvieron vertebradas por una única proclama: avanzar en el proceso rupturista hasta las últimas consecuencias.
Entre el referéndum y el 155
Con estas primeras visitas, el equipo de Torra cumplió con su objetivo de trasladar los altavoces políticos hasta las cárceles de Lledoners y Figueres. Y no son pocos los que han pasado por estos altavoces. Sin ir más lejos, la portavoz de CatECP, Elisenda Alamany, denunció tras visitar a los presos que su situación es "profundamente injusta" y que los catalanes se "merecen" un referéndum: "Cataluña tiene derecho a decidir su futuro", añadió, criticando también la aplicación del artículo 155.
Jon Inarritu, portavoz de EH Bildu, también pasó por Lledoners, donde lamentó la "injusticia" a la que se veían sometidos Junqueras, Römeva y los Jordis: "Son presos políticos de libro", denunció a través de sus redes sociales, donde colgó una foto suya saliendo del centro penitenciario.
El apoyo de los líderes vascos independentistas a la causa soberanista catalana es ya un mantra que se vio reforzado desde los sucesos que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre, con la celebración del referéndum ilegal. Sobre esta relación se basó otra visita a Oriol Junqueras, la del lehendakari Íñigo Urkullu, que este martes se dejó caer por Lledoners. Fundamentó su reunión con Junqueras en razones "humanitarias" y dijo que éste era "muy consciente de la situación" que se está viviendo en Cataluña.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la última en visitar a los políticos presos en Lledoners. Colau ha sido especialmente activa en este tipo de encuentros: ya visitó a Cuixart, Sànchez y a Joaquim Forn en Madrid y, de nuevo, a Cuixart en Lledoners.
Sobre el calendario, además, hay que señalar otra fecha clave: este 17 de agosto, fecha del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils que se cobraron la vida de 16 víctimas. Torra aprovechará esta efeméride para visitar de nuevo a los presos y pedir su excarcelación, empleando de nuevo el altavoz político en el que se han convertido las cárceles de Lledoners y Figueres.