El Gobierno no quiere ni oír hablar de las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del rey Juan Carlos I, denuncia el cobro de comisiones y la evasión de capitales y propiedades por parte del monarca emérito así como amenazas directas contra ella del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. 

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Preguntada en rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se ha desentendido de su contenido, a pesar del impacto que han producido y las ramificaciones para instituciones clave del Estado. "Las grabaciones que afectan a Corinna afortunadamente no afectan al jefe del Estado, su majestad el rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y por lo tanto ni las consideramos", ha dicho Celaá. 

Las grabaciones son muy incómodas para el Gobierno. Porque mencionan al rey emérito, porque pueden desgastar a la Corona y porque el general Sanz Roldán ha sido confirmado en su puesto al frente del CNI por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por eso, el Ejecutivo ha decretado casi un decretazo informativo y evita valorar la implicación de los servicios secretos en el escándalo. 

El Gobierno tampoco ha aclarado si investigará de alguna manera si Juan Carlos I ha evadido impuestos. "La Agencia Tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes ni de investigaciones", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada en la misma rueda de prensa.