El histórico narco José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, intentará tumbar la causa en su contra tras descubrir, con el levantamiento del secreto de sumario, que la Policía Nacional grabó conversaciones y encuentros entre el capo gallego y sus abogados. Las llamadas, aparecen textualmente reflejadas en los informes policiales del caso y hacen referencia, por ejemplo, a los problemas legales que Sito Miñanco y otros investigados tenían para obtener permisos penitenciarios o las gestiones para recuperar unos fondos decomisados en el Aeropuerto de Barajas.
La Ley española prohíbe de forma expresa que los tribunales intercepten y hagan servir como prueba en sus pesquisas las conversaciones entre un investigado y sus abogados, siempre que de ellas aparezca información sobre su estrategia de defensa. Y es aquí donde se dibuja una fina línea que marcará la batalla legal de Sito Miñanco. Mientras los informes policiales obvian el contenido literal de estas conversaciones y se centran en los datos que aporta en ellas el capo sobre sus localizaciones o sobre otras cuestiones periféricas, la defensa de Sito Miñanco ha pedido ya a la Audiencia Nacional las transcripciones literales para intentar acreditar que en ellas aparece información que vulnera su derecho de defensa.
Pocos días después de ser detenido por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Prado Bugallo tenía un juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero que llevaba meses preparando con sus letrados. Sin embargo, no aparece conversación alguna en referencia a este tema. El 19 de octubre de 2016 se transcribe la primera llamada considerada de interés entre el narco y su abogado, Gonzalo Boye. En ella el histórico capo habla de un viaje a Galicia que pretende hacer al gestionar un permiso penitenciario. Tras esa comunicación, los agentes encargados del caso montan un operativo para seguir al investigado desde Algeciras y monitorizar sus movimientos.
El 28 de marzo de 2017 los agentes reflejan una nueva conversación, esta vez con Luis Enrique García Arango, conocido como El Viejo y considerado el hombre de confianza de Sito Miñanco. En esas fechas, Boye era también abogado de este investigado y según los informes del caso, ambos hablan de los problemas para conseguir un permiso para que García Arango salga del país, ya que tenía planeado un viaje a Colombia. En Junio, los agentes realizan incluso una vigilancia sobre los principales investigados y el abogado en un restaurante VIPS de de la calle Orense de Madrid.
En esa fecha, la policía había intervenido ya a la red de pasadores colombianos investigada en la causa casi un millón de euros en efectivo. Un dinero que trataban de sacar de España oculto en cinco maletas. Los propios informes policiales reflejan que esa reunión con el abogado versa sobre las maniobras legales para recuperar ese dinero.
Una fina línea
Tras dos años de investigación, los informes de la Operación Mito reflejan el presunto intento de Sito Miñanco de volver a levantar una red relacionada con el narcotráfico tras pasar por la cárcel. O al menos de dar un último gran golpe, según la hipótesis de los investigadores. Por eso, los abogados de la red, en lugar de rebatir esas pruebas, algunas de ellas con el suficiente peso como para mantenerle de nuevo en prisión, apostarán por tumbarlas. Por encontrar un defecto de forma que haga derrumbarse el procedimiento.
Es aquí donde cobra especial importancia la literalidad de esas conversaciones, para conocer si realmente afectan al derecho de defensa de los investigados o si, por el contrario, versan sobre elementos que nada tengan que ver con la estrategia de defensa de esta u otras causas judiciales abiertas.
En la mente de todos los juristas preguntados se encuentra todavía el caso del juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en febrero de 2012 tras ser condenado por prevaricación al permitir las escuchas entre varios de los principales investigados en el caso Gürtel y sus abogados.Tras la sentencia en su contra, Garzón quedó fuera de la judicatura pero la decisión afectó sólo a una pequeña parte de la causa. Por eso, tanto Francisco Correa como sus principales colaboradores fueron sentados en el banquillo a pesar de la decisión contra el juez instructor y se encuentran ahora a la espera de sentencia.
Varios juristas consultados por este diario matizan además que la situación, a falta de conocer las conversaciones literales, se presenta distinta. En el caso de la operación Gürtel, las conversaciones versaban en todo momento sobre la estrategia de defensa de los principales imputados frente a la investigación. En este, Sito Miñanco tiene que probar todavía que las escuchas vulneraron sus derechos. Eso, o rebatir punto por punto dos años de investigación judicial y policial en su contra. Y si consigue el primer, determinar qué cantidad de información podría verse afectada por ello y quedar fuera de la causa. Una cuestión que se prevé alargada.