El PSOE quiere cerrar la Fundación Francisco Franco. El grupo socialista en el Senado ha registrado una iniciativa en la que pide un informe a la Abogacía del Estado para que sean los servicios jurídicos del Estado los que se pronuncien sobre lo que para el portavoz Ander Gil es una evidencia: que la entidad es contraria a los valores democráticos de la Constitución, a la ley de Memoria Histórica e incluso de la Ley de Fundaciones, que en su artículo 3 exige que persigan fines de "interés general".

La iniciativa socialista llega tan solo un día después de que la fundación Francisco Franco celebrase en las redes sociales el conocido como el Día de la Victoria, el fin de la Guerra Civil por la imposición de las tropas franquistas que fue una cita obligada durante toda la dictadura. "Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida", publicó la entidad en Twitter, causando un gran revuelo y muchas críticas. 

"Con la ley en la mano, creemos que no sólo es posible sino muy necesario proceder a la extinción", explica Gil, uno de los tres firmantes de la petición, en conversación con este periódico. 

En la iniciativa en la que el PSOE pide la extinción de la fundación se la considera "contraria a la Constitución y a la denominada Ley de Memoria Histórica", pero también la que regula las fundaciones, que en su artículo 3 estipula que "deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social", entre otros.

"No sólo no está dirigida a la defensa de ninguno de los objetivos", explica el texto del PSOE, sino que "parece ir en contra precisamente de algunos de los más relevantes de los que se enumeran así como de la promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos o de fortalecimiento institucional". 

Cambiar la ley de fundaciones

Si la Abogacía del Estado responde afirmativamente, el PSOE exigirá al Gobierno que tome las medidas necesarias para extinguir la fundación. De todos modos, los socialistas creen necesario una reforma de la ley de Fundaciones para evitar la existencia de esta y otras fundaciones que puedan hacer apología de extremismos. 

Según el texto presentado, el PSOE quiere "declarar ilegales" las entidades que "públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo”.

La fundación, constituida en 1976, un año después de la muerte del dictador, tiene entre sus fines "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos", según indica la entidad en su web. 

En su haber están hasta 30.000 documentos sobre los que el PSOE también se interesa por si se incumple la legislación sobre secretos oficiales.

Otras iniciativas del PSOE

El PSOE está siendo muy activo en la defensa de la Memoria Histórica y ha presentado una proposición de ley en el Congreso para reformar y endurecer el texto, aunque ha sido vetada por el Gobierno.

El PP podría utilizar su mayoría en el Senado para tratar de tumbar estas nuevas iniciativas, algo que podría obligar a la oposición a intentar iniciativas similares en el Congreso, pero desde el grupo socialista se recuerda que gracias a una de sus iniciativas se obligó al prior del monasterio del Valle de los Caídos a comparecer y finalmente la Conferencia Episcopal obligó a la abadía a permitir las exhumaciones de víctimas franquistas. 

Gil cree que el PP es muy poco diligente incluso para hacer uso de su mayoría absoluta o vetar sus iniciativas. En noviembre, el portavoz socialista escribió una carta el presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, en la que le reclamó un acto en memoria de las víctimas del franquismo. La misiva, más de cuatro meses después, aún no ha tenido respuesta. 

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