El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha archivado de forma provisional la investigación que desde 2016 mantenía abierta por el cobro de comisiones a proveedores de Ribera Salud por medio de su central de compras, llamada b2b. El auto emitido hoy por el titular del juzgado, sobre el que cabe recurso, explica que se han cumplido 18 meses de instrucción sin que Fiscalía ni ninguna de las partes personadas pidieran la ampliación de las diligencias. Y por ello, con los datos que tiene ahora el juzgado sobre la mesa, archiva la causa.
En el auto, el instructor explica que con lo actuado hasta ahora "no hay indicios de los delitos de malversación, cohecho y corrupción en los negocios" que se estaban investigando desde mayo de 2016, fecha en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitió un informe a los juzgados con la documentación aportada por la Sección Sindical de Ribera Salud.
Para afianzar la causa, el juzgado interrogó a cinco responsables de proveedores de prótesis, analizó facturas y pidió informes tanto a la Generalitat Valenciana como a otros organismos como Hacienda. En su auto, el magistrado explica que es el gobierno autonómico quien negocia con los proveedores por lo que, a su juicio y en base a las testificales de los responsables de varias de las empresas implicadas, no había incrementos en los precios de las prótesis para la Administración.
En las últimas semanas, la representación procesal del partido Podemos había pedido una importante batería de pruebas y comparecencias. Pero han sido rechazadas por el juez, con el argumento de que la causa debía haberse cerrado en noviembre de 2017 ya que nadie había pedido una prórroga formal de la investigación.
En su auto, el juez concluye de forma provisional que no existe delito alguno de prevaricación ya que "no se ha acreditado perjuicio alguno para el patrimonio administrativo" por lo que considera que "no hay base para continuar con el procedimiento". Nada dice el auto, por ejemplo, de la idoneidad de esos traslados de fondos sobre el compromiso del contrato firmado entre Ribera Salud y la Generalitat, que fijaba un determinado techo de beneficios para la empresa que si era sobrepasado, debía ser revertido al final del contrato.
El juez considera además que tampoco está probada la corrupción entre particulares ya que los "testigos coinciden en señalar que es una práctica habitual en el sector la concentración en unos pocos proveedores para facilitar la gestión del hospital y tener beneficios asistenciales, en la medida en que dicha limitación se traduce en mejor gestión del almacenaje e instrumental y más adecuada formación de profesionales".
"Satisfacción por la decisión"
En un comunicado público, la empresa ha mostrado su "satisfacción" por la decisión judicial además de su "confianza en la Justicia" tras lo que consideran una "orquestada campaña de desprestigio reputacional: desde que se inició la falsa denuncia por parte de dos representante sindicales, a partir de una carta anónima, B2B salud ha creído en la Justicia y se ha puesto a disposición de las autoridades", mantienen los responsables de la empresa cuyos abogados se negaron a todas las peticiones de investigación realizadas por la representación procesal de Podemos con el argumento de que estaban realizadas fuera de plazo. Algo que el juez ha considerado acertado.
El comunicado de Ribera Salud refleja que todo el grupo "está sometido a constantes auditorías internas y externas, presenta sus cuentas anuales en el Registro mercantil y cuenta con una política de compliance en la organización".