La espuma judicial sube en la Audiencia Nacional y empieza a llegar al cuello de la cúpula del PP de Madrid. A golpe de arrepentido, las declaraciones de las dos principales causas judiciales que afectan a la formación (los casos Púnica y Lezo) se acercan peligrosamente a varios miembros del antiguo Ejecutivo autonómico, liderado entonces por Esperanza Aguirre.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la marcha de ambos procesos ha creado un clima de nerviosismo en el seno del partido que se refleja en dos cuestiones: por un lado, quienes siguen en activo, con Cristina Cifuentes a la cabeza, tratan de desligarse lo máximo posible de ambos procedimientos. Por otro, algunos acaparan información para justificar sus decisiones políticas y también para tener una carta con la que negociar en los tribunales llegado el momento y poder señalar a terceros.
Fue el empresario David Marjaliza quien arrancó en 2016 la cadena de arrepentidos con su voluntad de colaborar con la Fiscalía tras el estallido de la trama Púnica y su paso por prisión preventiva. Desde entonces, Marjaliza se ha convertido en el principal testigo de la Fiscalía para desentrañar la maraña de contratos, decisiones y comisiones que cercan al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Ahora, es el propio exconsejero quien declarará de forma voluntaria en la Audiencia Nacional el próximo 12 de febrero para señalar a otros compañeros de partido. Más madera.
Más nombres sobre la mesa
Hasta el momento, las declaraciones judiciales de Marjaliza se han centrado en los presuntos negocios ocultos de Granados y su entorno. Pero las consecuencias judiciales caen una tras otra como fichas de dominó. Las declaraciones de Marjaliza sirvieron también para centrar el foco en los negocios de la Fundación Arpegio y 22 consorcios urbanísticos de la Comunidad de Madrid. El consejo de control de la entidad estaba poblado por cargos de confianza del PP de Aguirre, ahora imputados.
De hecho, el cambio de planteamiento es evidente en los propios imputados. En su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid en abril de 2016, Francisco Granados apeló a su presunción de inocencia y, aunque tuvo críticas hacia sus compañeros de partido por su falta de apoyo ante los medios, defendió siempre públicamente la gestión del partido.
Año y medio después, en octubre de 2017 y con muchas más pruebas sobre la mesa, Granados pidió formalmente la imputación de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de su antecesora, Esperanza Aguirre, y de otros pesos pesados del PP de Madrid como Borja Sarasola o Jaime González Taboada. Una petición sobre la que la Fiscalía no ha tomado todavía una decisión clara. En su último escrito, el Ministerio Público invita a Granados a que haga una comparecencia voluntaria y aporte más datos sobre las corruptelas de sus compañeros de partido para acreditar las imputaciones que solicita. Por eso, el juez ha autorizado su declaración para el próximo 12 de febrero.
El segundo gran delator
En noviembre de 2017 saltó la segunda gran espita para el PP de Madrid en forma de arrepentido. Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable de los negocios del Canal de Isabel II, pidió declarar de forma voluntaria en el caso Lezo y reconoció que cobró comisiones ilegales tras la compra de Emissao, una filial de la empresa pública madrileña en Brasil. Además, Rodríguez Sobrino reconoció el cobro de un porcentaje también para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la causa. Una partida de 900.000 euros que se desvió a Panamá pero que el político madrileño, según esa versión, nunca llegó a recibir.
La confesión del hombre de confianza de González deja en una situación complicada al exlíder del PP de Madrid. Pero también pone sobre la mesa judicial el papel de la cúpula del Canal de Isabel II al aprobar la operación de compra que, según la Fiscalía, se hizo sobre unas valoraciones que estaban manipuladas al alza.
De hecho, por la operación de compra anterior, la Audiencia Nacional ha imputado ya a toda la cúpula del Canal de Isabel II en la época en la que el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. En total, son 12 altos cargos los que tendrán que dar explicaciones ante la Justicia por sus decisiones ejecutivas. Los agentes de la UCO analizan tanto la compra de Emissao como la de Inassa para dirimir las posibles responsabilidades penales de los cargos que autorizaron estas operaciones.
Hasta el momento, Ignacio González ha negado todas las atribuciones delincuenciales que se le atribuyen, tanto desde la Fiscalía como desde sus anteriores colaboradores.