Día 2 de octubre. Apenas han pasado unas horas desde la tensa jornada del referéndum ilegal en Cataluña marcada por la pasividad de los Mossos d'Esquadra y las cargas policiales de la Policía y la Guardia Civil. Las imágenes han generado un profundo malestar en parte de la sociedad catalana. En ese contexto, tres agentes del Instituto Armado acudieron al gimnasio, pero fueron expulsados por su condición de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Al menos ese el relato que incluyeron en la denuncia que ellos mismos presentaron ante sus compañeros de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Barcelona.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación, los hechos ocurrieron en el gimnasio Physiq Fitness Center del municipio barcelonés de Martorell y los agentes acusan directamente al gerente del lugar, Luis V.F., de 36 años de edad, de un presunto delito de odio y discriminación. Por estos hechos prestó declaración el pasado lunes en calidad de investigado en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad condal.
Durante los días posteriores al 1-O fueron varios los lugares en Cataluña en los que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil sufrieron el acoso de radicales independentistas contrarios a su presencia en hoteles y diversas instalaciones. Algunos de los miles de agentes que fueron trasladados esos días a Cataluña tuvieron que retirarse ante estas campañas de hostigamiento.
Este periódico se ha puesto en contacto con el gerente investigado del gimnasio de Martorell, quien se ha limitado a negar la versión de los guardias civiles. "Es falso", dice al tiempo que se ha amparado la investigación en curso para no ofrecer más declaraciones. "Es difícil que eso salga para adelante", ha vaticinado respecto al recorrido judicial. Por el momento, la Guardia Civil ha remitió estas actuaciones tanto a la Fiscalía de Odio y Discriminación de Barcelona y al Juzgado de Guardia de Martorell, según las mismas fuentes consultadas.
El fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona ya ordenó abrir diligencias de investigación para averiguar si los Ayuntamientos de Calella y Pineda de Mar amenazaron a los responsables de los hoteles donde se alojaban agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para expulsarlos de sus instalaciones. El fiscal consideraba que los hechos, de ser ciertos, podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas "por la pertenencia de los afectados a la nación española".