La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la jueza Carrmen Lamela que curse sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que permanecen en Bruselas (Bélgica), según el escrito de la Fiscalía.
Según el escrito del Ministerio Público "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso". "Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados", argumenta la Fiscalía, que se detiene en Carles Puigdemont para recordar que "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado efectuar declaración por videoconferencia sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual". Según la Fiscalía, en esta misma situación se encuentran los consejeros Comín y Serret.
"Constando además que los querellados ausentes se encuentran o al menos han viajado a Bélgica, interesa que se practiquen las gestiones necesarias en atención a emitir sendas órdenes europeas de detención dirigidas a las autoridades belgas".
El Ministerio Público adopta esta decisión después de que el ex líder del Ejecutivo autonómico y los miembros de su gabinete rechazasen presentarse a la citación para declarar en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Los consejeros para los que se pide esta detención internacional son Toni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Lluis Puig (Cultural).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha solicitado prisión incondicional para ocho de los nueve exmiembros del Govern que sí han acudido a declarar este jueves en la Audiencia Nacional, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Para el noveno investigado, Santiago Vila, el Ministerio Público ha solicitado la situación de prisión eludible bajo 50.000 euros de fianza. Vila, exconseller de Empresa, dimitió de su cargo antes de la Declaración Unificada de Independencia (DUI).
La decisión del expresidente catalán de permanecer prófugo en Bruselas (Bélgica) desde el pasado lunes, día en que la Fiscalía se querelló contra él por rebelión, le permitirá estar fuera del alcance de la jueza Carmen Lamela en torno a dos meses.
Éste es el plazo establecido para la resolución de la OEDE. El plazo que tendrá la Justicia belga para pronunciarse sobre la entrega de Puigdemont coincide con el período de formación de listas y de campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Cataluña.