La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han iniciado este miércoles la denominada operación Shopping con epicentro en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), pero que se extiende a un total de once provincias. Los trabajos están dirigidos contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia. Según informan fuentes de la investigación, a las 19 horas ya se habían producido 55 detenciones. En su mayoría son ciudadanos chinos, pero también hay españoles.

Más de un centenar de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con la Agencia Tributaria trabajan desde la madrugada del martes al miércoles en la detención de decenas de personas. Además se han practicado al menos 19 registros en domicilios particulares y una quincena en naves industriales, principalmente en Cobo Calleja. 

La operación continúa abierta y se extiende a otras provincias como Barcelona y Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Vizcaya, Guipúzcoa y Gran Canaria, según las fuentes consultadas. Es el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid el que instruye la operación Shopping en la que se investiga la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Las fuentes recuerdan que se trata de una trama con características muy similares a la desarticulada en octubre de 2012 con el nombre de operación Emperador y que supuso el golpe policial a una de las mayores redes de blanqueo y delito fiscal en España. En total fueron detenidas cerca de 90 personas y se practicaron 108 registros en los que se incautaron más de diez millones de euros en metálico.

Según la tesis de los investigadores, los empresarios chinos detenidos en esta operación se servían de mulas y correos humanos para enviar el dinero en efectivo detraído a la Hacienda española a su país de origen. Allí, el dinero servía tanto para realizar nuevas inversiones como para pagar a sus proveedores, que enviaban la mercancía a España. Para no levantar sospechas, estas empresas declaraban también según la tesis de la Fiscalía menos material importado del que realmente llegaba a suelo español. Así, a los empresarios investigados les era más sencillo materializar sus ventas sin tener que dar cuentas a Hacienda.  

En el caso de la red desarticulada en 2012, el empresario chino Gao Ping era el presunto líder de la trama e ingresó en prisión, aunque fue puesto en libertad un mes después por un error judicial. En abril de 2013 volvió a ser encarcelado por el riesgo de fuga que existía y por la aparición de nuevos hechos incriminatorios, y permaneció en prisión hasta julio de 2015 tras abonar una fianza de 400.000 euros.

La red llegó a blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año con la implicación no solo de ciudadanos chinos, sino también de funcionarios públicos -el juez de la Audiencia nacional Fernando Andreu llegó a imputar a varios policías, que luego resultaron absueltos- empresarios y políticos. La trama fue destapada tras detectar varias irregularidades en la llegada de contenedores con productos de "todo a cien" desde China.

Posteriormente se descubrió que los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo" que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que dio pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.