El Gobierno ha encontrado en la economía un potente aliado para neutralizar a Carles Puigdemont. La tensión que respira Cataluña desde el 1 de octubre ha provocado que más de 500 empresas hayan salido en estampida de la región para salvar sus negocios y que decenas de miles de ciudadanos hayan traspasado sus ahorros a otras autonomías limítrofes. La propia vicepresidenta del Gobierno reconoció tras el Consejo de Ministros de este viernes el daño que el desafío independentista ya está haciendo a la economía. "2018 debería ser un buen año para el empleo, pero los acontecimientos de Cataluña nos hacen ser más prudentes", advirtió.

Soraya Sáenz de Santamaría arrojó un dato muy significativo: la inversión en Cataluña ha caído un 10% mientras en el conjunto de España se registran subidas del 13%. Unas horas después de su advertencia, llegó otro alarmante aviso por parte del ministro de Economía. Luis de Guindos aseguraba desde la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el desafío secesionista obligará a situar "algo por debajo" del 2,6% las previsiones de crecimiento del PIB de España en 2018. En este caso fue la propia directora gerente del FMI, Christine Lagarde, la que pidió acabar rápidamente con la "incertidumbre" política que vive Cataluña porque puede afectar negativamente a las finanzas.

Al mismo tiempo, los notarios y registradores de Cataluña reconocían estar desbordados ante el aluvión de peticiones de empresas catalanas que quieren cambiar de región sus sedes sociales. De momento, ya hay 531 que han pedido salir desde el 1 de octubre, el día que se celebró el referéndum ilegal.

En el Gobierno creen que fue precisamente la fuga de grandes empresas la que propició que Puigdemont hiciera ese "amago" de declaración de independencia para luego suspenderla. Fuentes gubernamentales confían en que "esta fuga de capitales" y el no reconocimiento internacional a Cataluña como nación pesen a la hora de que el presidente de la Generalitat decida qué camino quiere tomar: si volver a la legalidad y empezar una negociación con Madrid o hacer caso a la CUP y declarar de forma inminente la independencia de Cataluña. Entonces no quedaría otra salida que intervenir la autonomía.

Los independentistas, sin embargo, no están dispuestos a que Puigdemont ceda a la presión de los mercados. Tres días antes de que se cumpla el plazo que Rajoy le dio a para responder al requerimiento, la formación anticapitalista envió una carta al president exigiéndole que es necesario "proclamar la república". Un día antes, la Asamblea Nacional Catalana exigió también declarar ya la independencia. A juicio de la CUP, es la única manera para conseguir que la comunidad internacional reconozca a Cataluña como un sujeto político. "Si pretenden seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española, que lo hagan ya con la república ya proclamada", recoge la misiva.

Las presiones de la CUP

En Madrid confían que este fin de semana de "reflexión" sirva para que el president "recapacite" y "vuelva a la legalidad". Sin embargo, los colaboradores del presidente son conscientes de que la presión que la CUP está ejerciendo sobre el Govern para que culmine el proceso de separación pesa mucho sobre Puigdemont. "Si contesta al requerimiento que no declaró la independencia está muerto de cara a sus socios de Gobierno", reconocen en Moncloa.

La formación anticapitalista que sustenta con su apoyo el Gobierno de Puigdemont ha redoblado la presión sobre el president para que no sucumba a Madrid. "Permanecer inmóviles a sus amenazas, sus negociaciones y su autoridad, no nos permitirá existir como pueblo, no nos permitirá gobernarnos ni avanzar en la consecución de más derechos y libertades". En la carta, la CUP reconoce que, aunque una "eventual república catalana no cuenta con el apoyo de otros Estados y mercados", sí contaría "con el apoyo de la gente".

Reuniones en la Generalitat

Mientras Rajoy y la CUP intentan convencer a Puigdemont de que su propuesta es la mejor salida para Cataluña, el president no ha hecho puente y mantiene reuniones en el Palau de la Generalitat con parte de sus colaboradores más cercanos. Además, también está recabando la opinión de otros partidos y entidades independentistas sobre cuál creen que es el mejor camino a seguir. 

Aunque parece que el motivo de las reuniones era para preparar la respuesta al requerimiento del Gobierno, el bloque independentista está más desunido que nunca precisamente por cómo y cuándo debe proclamarse de verdad la independencia. Sin ir más lejos, el antecesor de Puigdemont, Artur Mas, pidió "prudencia" y recordó que ni la CUP ni ANC gobiernan. Para que un estado sea realmente independiente, advirtió, "debe ser reconocido internacionalmente". Qué camino elegirá finalmente es a día de hoy un incógnita tan grande que en Madrid nadie se atreve a aventurar ni siquiera si responderá al requerimiento.