La juez Carmen Lamela ha rechazado la petición de los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de que se inhibiera a favor de los Juzgados de Barcelona en la investigación del asedio a la Guardia Civil y a la comitiva judicial que registraron el pasado 20 de septiembre la Consejería catalana de Economía.

Además los ha vuelto a citar a declarar el próximo lunes en la Audiencia Nacional, junto al mayor Trapero y a la intendente Teresa Laplana, en la causa que tienen abierta por sedición. En calidad de testigos acudirán dos guardias civiles y una de las secretarias judiciales que acudieron el pasado el 20 de septiembre a la Consejería de Economía. 

La jueza argumenta que los hechos que se investigan apuntan a que lo que los promotores del asedio perseguían era "un ataque a la forma de gobierno", es decir,  contribuir a cambiar ilegalmente la organización del Estado y, por tanto, esa presunta sedición es competencia de la Audiencia Nacional. 

En un escrito dirigido a la instructora, los presidentes de ANC y Omnium alegaron que se les atribuye una voluntad -la de incurrir en sedición- que no tuvieron ya que según ellos se trató de una "protesta ciudadana, convocada pacíficamente, en desacuerdo con las actuaciones policiales" ordenadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La jueza considera, sin embargo, que el papel de Sánchez y Cuixart en la concentración frente a la Consejería de Economía de Barcelona no fue "un hecho aislado" sino que "se enmarca dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo [ambos investigados] vienen colaborando en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar".

Lamela afirma que, en la estrategia diseñada por los independentistas, tras la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad "resultaba esencial" la movilización de la sociedad catalana que comulga con las tesis soberanistas "y que esta movilización fuera de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas".

"Esta función", concluye, estaría dirigida, entre otros, por las entidades presididas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart".