La Justicia obligará a Manuela Carmena a bloquear la cesión del espacio municipal por parte de su Ejecutivo a quienes iban a celebrar el referéndum del 1 de octubre en Madrid este domingo.
El colectivo "Madrileños por el derecho a decidir" había conseguido de forma gratuita, a través del 41º candidato de las listas de Ahora Madrid, una sala en el distrito de Arganzuela, en Matadero, donde se iba a celebrar la iniciativa separatista.
El Partido Popular recurrió ante el juez y éste ha suspendido la cesión de forma cautelar. La alcaldesa capitalina había amparado el evento de este fin de semana por considerarlo de "interés generalizado" y lo consideraba dentro de los límites de la libertad de expresión, un extremo que no compartían PP y Ciudadanos; y de ahí el recurso interpuesto.
El Consistorio dispone de tres días para alegar lo que considere. El escrito del juez reitera que la cesión del espacio contraviene “lo dispuesto en la Constitución Española, en su artículo 1 y 2”, que habla de la soberanía nacional y la “indisoluble unidad de la nación Española”.
“Los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular”, concluye.
La Comuna, caballo de Troya
En el expediente revisado por este periódico, figura Pedro Casas -miembro de las listas de la candidatura ciudadana que gobierna Madrid- como principal y único solicitante de la sala. Lo hizo en nombre de La Comuna, organización sin ánimo de lucro de carácter antifranquista utilizada como caballo de Troya para lograr la reserva.
"Madrileños por el derecho a decidir" había convocado una rueda de prensa para este miércoles, en la que iba a desmigar el acto del fin de semana. De momento, y sin página web, responden vía correo electrónico y de forma genérica. Belén Murillo, secretaria de Asamblea Nacional de Cataluña en Madrid, es la cara más visible del colectivo, aunque dice no actuar como portavoz.
Este domingo iba a ser la segunda vez que los independentistas utilizaban las dependencias municipales para promocionar su proyecto. El pasado mayo, fue el propio Carles Puigdemont quien dio un mitin en el Palacio de Cibeles, aunque en aquella ocasión la Generalitat sí que pagó un alquiler.