No es un cierre más. La decisión del Gobierno de acabar definitivamente con la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), hecho público este martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, puede haber iniciado la cuenta atrás hacia la erradicación de esta fuente de energía en España.

Así se desprende tanto de la presión política, ante la que Nadal reconoció haber cedido, como por el desinterés empresarial en torno a la instalación, dos novedades impensables hace tan solo una década y que pueden suponer el punto de inflexión soñado por los ecologistas.

La central, de 1971, había cumplido ya los 40 años, período considerado de referencia para la vida útil de estas instalaciones. Permanecía parada desde 2012. La introducción de una tasa había llevado a Endesa e Iberdrola a suspender la actividad. Si la continuidad allanaba el camino a alargar la vida de las restantes cinco centrales más allá de los 40 años, el cerrojazo abona la posibilidad de que esas cuatro décadas marquen también el fin de éstas. 

Contra los técnicos y parte de su partido

El Centro de Seguridad Nuclear avalaba la reapertura si se efectuaban algunas mejoras, pero el Gobierno ha decidido echar el cierre definitivo a la central. Hasta ahora, sólo el PP defendía que Garoña continuase abierta. Su soledad se vio en una votación en el Congreso en marzo de este año, donde nadie salvo los diputados conservadores apostaron por mantenerla.

El cierre, sin embargo, ha dividido a los que ya estaban solos. Los populares vascos se felicitaron este martes por el cese de la actividad e incluso reivindicaron haberlo promovido. Desde Castilla y León lo consideraron un "error histórico", en palabras del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

La principal razón esgrimida por Nadal para el cierre es "el contexto de clara oposición política". La decisión hubiera sido otra si el PP tuviese mayoría en el Congreso, dijo. En la cámara baja, PSOE, Podemos y Ciudadanos defendieron el cese. Un nuevo permiso de 10 años "necesita certidumbre económica, política y social" por la inversión que requería, explicó el titular de Energía.

En otras palabras: el Gobierno, que en muchas ocasiones defiende su autonomía frente a las posiciones del Congreso, ha decidido ceder ante la presión política una decisión que le correspondía exclusivamente. Teniendo en cuenta lo poco probable que resultaría una nueva mayoría absoluta del PP, ¿acabará la presión política del resto de grupos, unidos en el Congreso, con las demás centrales nucleares?

Desinterés de Iberdrola

Otro de los motivos para el cese es el desinterés de Iberdrola en la instalación, gestionada a través de una sociedad en la que participa también Endesa. Para Hugo Morán, secretario para la Transición Ecológica del PSOE, ni el Gobierno ha sufrido un repentino ataque de ecologismo ni ha decidido escuchar a la oposición sino que ha tirado la toalla al ver que ni Iberdrola apostaba por seguir explotando Garoña. "Son las propias empresas las que están empezando a dejar caer la nuclear como fuente de energía", explica.

"Políticamente es incomprensible resistirse a aceptar una realidad que va a llegar", explica. El PSOE apuesta por decir adiós para siempre a la producción de energía nuclear en 2028, cuando la de Trillo (Guadalajara) cumpla 40 años. Los socialistas apuestan por sustituir en cada territorio las centrales por las energías renovables que mejor se adapten al medio para así mantener la producción y el tejido industrial y empresarial. "La nuclear es la gran puerta de entrada de renovables en un proceso de transición justa", dice Morán. 

"Un punto de inflexión" para Equo

Para Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, diputado de Unidos Podemos y exdirector de Greenpeace, se trata de un "gran éxito del movimiento antinuclear" y un "punto de inflexión" que condiciona la gestión futura de todo el parque nuclear español.

Tanto para los ecologistas como para el PSOE y Podemos, hay motivos de seguridad que son clave para decidir abandonar la energía nuclear, desde accidentes a riesgo de atentados terroristas, pasando por la conservación de los residuos. Pero también los hay medioambientales, como los recursos necesarios para la refrigeración en plena era del calentamiento global. 

Para Morán, ha sido fundamental el desinterés empresarial. "La presión política hoy es igual a la del año 2009", cuando el PP defendía la continuación de la actividad, asegura. "La diferencia es que Iberdrola defendía que el país no podía prescindir de Garoña por suministro y que sería grave error".

Si antes el PP hablaba del mercado y el precio de la electricidad como elemento esencial para apostar por las renovables, ahora defiende lo contrario: que el cierre definitivo no repercutirá en la factura de la luz y que las decisiones sobre política energética las dicta el Ejecutivo. Según el PSOE, el problema de la factura energética no es el coste de producción sino su regulación, una verdadera patata caliente que tradicionalmente se han pasado Gobiernos de distintos colores mientras el precio no dejaba de subir. 

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