Carlota Guindal Alejandro Requeijo

Agentes de la Policía Nacional se personaron a primera hora de este jueves en la sede de La Razón siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción para requerir al presidente del periódico, Mauricio Casals, información contenida en su correo corporativo así como otros documentos solicitados por el Ministerio Público, informan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación.



Se busca acreditar sus vínculos con cargos de los ministerios de Economía e Industria en el marco de una presunta trama de concesiones irregulares de subvenciones públicas y préstamos no devueltos afloradas en el marco de la llamada ‘operación Hanta’. El nombre se debe al Hantavirus, un virus contagioso que transmiten habitualmente los roedores, según las fuentes consultadas por este diario.

Casals, hombre fuerte de La Sexta y del Grupo Atresmedia de Planeta, se encuentra investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (recién llegado al Juzgado) por un presunto delito de tráfico de influencias. Se le acusa de usar sus contactos en el Gobierno para conseguir subvenciones y préstamos en favor de ZED, empresa española pionera en Internet cuyo fundador, Javier Pérez Dolset, ha sido detenido por un presunto delito de insolvencia punible y fraude de subvenciones. ZED, autora de videojuegos de éxito, llegó a estar valorada en 1.000 millones pero actualmente se encuentra en concurso de acreedores.

Las fuentes consultadas precisan que, cuando los efectivos policiales acudieron a primera hora al periódico, todavía no había nadie disponible para atender su requerimiento de información. Los agentes tuvieron que esperar un tiempo hasta que llegaron los abogados de Casals para solicitar la documentación. Según estas fuentes, el trato recibido por los policías ha sido “correcto en todo momento”, incluyendo el del propio presidente de La Razón, quien se presentó en torno a las 11 horas. Se han solicitado datos desde 2009 hasta la actualidad, pero aclaran que no se ha llegado a realizar un clonado del ordenador ni un volcado de todos los correos como se hubiese hecho, quizá, en caso de registro.



Policías en Economía e Industria

En el marco de la ‘Operación Hanta’, desplegada en Madrid, Barcelona y Valencia, se encuentran investigadas una veintena de personas y el juez ha autorizado ocho órdenes de detención así como 18 registros y requerimientos. Al igual que en La Razón, agentes de la UDEF han acudido a requerir documentos a los ministerios de Economía e Industria.

Todos los datos recabados este jueves han sido precintados y serán remitidos al juez a la espera de que autorice a los expertos policiales a comenzar con su análisis. Las autoridades cifran en cerca de 70 millones de euros la cuantía de dinero público destinado a ZED entre 2010 y 2015, es decir, afecta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al de Mariano Rajoy. Los investigadores apuntan principalmente al Ministerio de Industria. En ese tiempo, esta cartera estuvo dirigida por Miguel Sebastián y José Manuel Soria. Al frente de Economía estuvieron Elena Salgado y Luis de Guindos.

Fuentes policiales calculan que Casals se habría embolsado algo más de dos millones de euros que destinó a la sociedad editora del periódico llamada Audiovisual Española 2000. El consejero delegado de esta sociedad era Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido y encarcelado por la Operación Lezo, otro caso que le costó a Casals una imputación hace solo dos meses por coacciones y obstrucción a la Justicia. Finalmente el juez de ese caso archivó su imputación.



Planeta, perjudicado o investigado

Tras la ‘Operación Hanta’, el grupo Planeta se encuentra en una situación judicialmente delicada. Por un lado ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar la presunta insolvencia punible cometida por la familia Pérez Dolset en la empresa Zed. Sin embargo, lo que no podía imaginar es que uno de sus máximos directivos acabaría investigado por la misma Fiscalía. Casals ha sido directamente señalado por Javier Pérez Dolset por ser el muñidor de las influencias con altos cargos del Gobierno para que ZED recibiera subvenciones públicas.

Pese a haber recibido decenas de millones de euros, la empresa se ha declarado en concurso de acreedores. ZED también pidió créditos a estos ministerios, parte de ellos todavía sin devolver. En todo este entramado, Planeta es accionista del 20% de la compañía tecnológica, llegando a invertir en ella hasta 120 millones de euros. Sin embargo, desde 2011 su buena relación con los Pérez Dolset se rompió cuando detectaron que los beneficios de la compañía se van reduciendo hasta llegar al concurso. El Grupo Planeta cree que los Dolset les han estafado y por eso ya han anunciado que se van a personar como acusación particular contra ZED.

Sin embargo, en esa causa tienen una doble condición. Por un lado, la empresa de la familia Lara es perjudicada, pero por otro lado uno de sus directivos, Mauricio Casals, está siendo investigado por utilizar sus influencias para favorecer a ZED con dinero público y cobrar por ello. El juez tiene que decidir ahora si acepta la personación de Planeta como perjudicado o si de lo contrario al tener a uno de sus directivos investigados puede haber intereses encontrados y no le deja actuar como acusación en el proceso.

Para ello se deberá estudiar si Casals actuó para beneficio particular o si de lo contrario actuó en connivencia con su empresa y con su grupo de comunicación. En el comunicado emitido este jueves por Planeta, defendió su convencimiento de que “ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad”.

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